Los $900 millones despilfarrados en corrupción que habrían servido para atender la crisis del COVID-19

Sede de la Procuraduría General de la Nación Ministerio Público / Ministerio Público

Corrupción, aliada del coronavirus. Más de 903 millones de dólares fueron supuestamente robados al Estado panameño, según cifras del Ministerio Público que se desprenden de investigaciones realizadas entre el 2014 al 2019.

Con este dinero hubiera sido posible pagar 3 millones de bonos solidarios de 300 dólares a panameños y panameñas con necesidad, o construir 129 hospitales modulares a 7 millones de dólares cada uno. La Caja del Seguro Social (CSS) busca desesperadamente como conseguir ventiladores para pacientes de COVID-19. Con 903 millones de dólares, se podrían comprar 180,600 ventiladores a un costo de 5 mil dólares por unidad.

El COVID-19 llegó en marzo de 2020 a Panamá. Encontró hospitales a medio construir, instalaciones en mal estado, falta de insumos y personal de salud calificado. Es el costo de la corrupción. Nos cuesta a todos. A la fecha, Panamá ha registrado más de 26 mil contagiados de COVID-19. Más de 500 personas han muerto. Nunca sabremos cuántas se hubieran podido salvar si esos 903 millones de dólares no hubieran terminado en el bolsillo de funcionarios y empresarios corruptos, sino que se hubieran invertido en el país.

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Para decirlo de manera clara y contundente: la corrupción mata y hay que decirlo así de claro, porque la corrupción y los millones perdidos se traducen en falta de medicina, falta de agua potable, falta de camas, de respiradores, de alimentos y falta de tantos insumos básicos que han costado muchas vidas, no solo en pandemia, sino también antes de la pandemia, y ahora evidentemente en tiempos de emergencia”, sentenció el excandidato presidencial, Ricardo Lombana.

De los 65 casos que son investigados donde más dinero se ha sustraído de las arcas del Estado están:

Hay una relación directa entre los dineros que se malversan en las malas gestiones públicas donde ha habido actos de corrupción. Los ciudadanos recibimos mala calidad en los servicios, menos servicios de los que tenemos derecho. No recibimos todo que correspondería a una buena administración”, afirmó la exprocuradora, Ana Matilde Gómez.

Endeudamiento, corrupción y PIB

Panamá pierde 520 millones de dólares cada año, el 1% de su Producto Interno Bruto, a causa de la corrupción. Así lo reveló un informe presentado en el 2015 por Amado Philip de Andrés, director regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra el Delito.

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Panamá es considerado uno de los países más ricos de Centroamérica. El Fondo Monetario Internacional nos clasifica como “País de Renta Alta”. Pero también somos de los más desiguales del continente. Además, en los últimos años la economía panameña ha enfrentado una desaceleración y el nivel de endeudamiento público ha crecido de manera sustancial.

Ahora, en tiempos de COVID-19 todos los dineros perdidos por corrupción están haciendo falta. La administración de Laurentino Cortizo salió a colocar bonos soberanos por 2,500 millones de dólares y ha suscrito préstamos con diferentes entidades financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional entre otros por 1,300 millones de dólares.

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Si hubiésemos contado con esos 900 millones de dólares, si no se perdiesen 520 millones cada año, tal vez hubiéramos tenido que pedir prestado mucho menos, o nada.

Para Anette Planells del Movimiento Independiente (Movin), “es en ejemplos como este que nos damos cuenta que la corrupción es criminal para la sociedad. Más de 900 millones de dólares que hoy podríamos ver en hospitales, centros de salud, personal capacitado, e insumos. La pandemia ha dejado en evidencia las grandes necesidades que tenemos no solo en infraestructura sino también en la falta de personal capacitado para atender la crisis”.

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Lombana considera que esos recursos que hoy decimos que son escasos se perdieron en los últimos años por la “avalancha de corrupción” que azotó el país.

Los fondos hoy son escasos, pero cuando vemos hacía atrás, hay una gran cantidad de millones de dólares que aquí se han perdido y ha quedado en bolsillo de algunos, producto de los escándalos de la corrupción”, destacó el excandidato presidencial independiente.

¿La justicia es aliada del COVID-19 en Panamá?

De los 65 casos de corrupción que atienden las autoridades judiciales, tan solo dos han terminado en condena. La investigación por el caso “Cobranzas del Istmo” y la “Compra de Llantas a través del PAN”.

En 7 casos, la justicia les otorgó sobreseimiento provisional a los implicados.

Para mucho de los consultados, la justicia panameña no ha jugado su papel para detener la corrupción y consideran a la impunidad como un aliado.

La justicia panameña es frágil, porque quinquenio, tras quinquenio se detecta mal manejo de los recursos del Estado (…) Hay que hacer una reingeniería en el sistema de justicia, que lo integran fiscales y jueces, para que el pueblo sepa que el que comete irregularidades va a ser sancionado”, enfatizó el abogado Ernesto Cedeño.

Para Cedeño, la justicia no está haciendo su trabajo y la Contraloría General de la República debe ser más eficiente en su labor fiscalizadora. Explicó que hay casos en los que el Ministerio Público ha tenido que pedir el sobreseimiento de la causa, porque la Contraloría no jugó su papel.

Si los fondos públicos se hubiesen administrado de manera eficiente en los últimos años y cuando la bonanza tocó el istmo panameño, probablemente en estos momentos el Bono Solidario sería de más de 100 dólares y la millonaria Ciudad Hospitalaria y el Hospital General de Darién estarían funcionario y operando con normalidad.

La pandemia ha puesto a prueba la deficiencia y la debilidad en nuestro sistema. Se abandonó la atención preventiva y se privilegió en dos gobiernos seguidos construir hospitales para los grandes negociados”, dijo Gómez.

¿Continúa la corrupción en medio de la pandemia?

El coronavirus no ha detenido la corrupción. Durante el desarrollo de la pandemia en el país se han denunciado varios casos por supuestos sobreprecios y contrataciones irregulares.

En plena pandemia, el Ministerio de Seguridad pretendió comprar 7.1 millones de dólares en armas y municiones. Reculó ante la presión pública. El Ministerio de la Presidencia emitió cartas de compromiso de pago para comprar ventiladores a 49 mil dólares, cuando el precio de mercado es 5 mil dólares.

El escándalo de los ventiladores le costó el puesto de viceministro de la Presidencia a Juan Carlos Muñoz. El ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, permanece en su puesto y le han sido asignado nuevas responsabilidades para supervisar compras públicas en durante el estado de emergencia.

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Alrededor del país sonaron pailazos exigiendo la renuncia o destitución de Carrizo. Hasta el momento, el presidente Cortizo es sordo al reclamo popular.

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Las irregularidades en la construcción del Hospital Modular Panamá Solidario también se denunciaron durante la pandemia.

No ha pasado nada. El COVID-19 sigue avanzando en comunidades vulnerables donde el clientelismo político, hermano de la corrupción, ha privado de hospitales, educación de calidad, agua potable y otros servicios básicos a los pobladores.

Se acerca la nueva normalidad: ¿Seguirán la corrupción y la impunidad cacheteando a los panameños? La historia se encargará de contarlo.

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