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Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías Josefa Monfante impuso la medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes a los 12 imputados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos electrónicos, entre ellos cinco servidores públicos.
La Fiscalía Anticorrupción anunció que apelará esta decisión en el caso de siete de los implicados, la cual se programó para el 15 de julio.
Durante la audiencia, que se extendió por varias horas, la jueza declaró ilegal la aprehensión de los involucrados, al considerar que se violó el debido proceso, ya que no se les proporcionaron copias de las órdenes de allanamiento ni se les informaron sus derechos. No obstante, aceptó la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público.
Según la teoría de la Fiscalía Anticorrupción, el esquema se originó en la Dirección Regional del Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Herrera, desde donde se ordenó a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cambiar los códigos de las cuentas bancarias de la empresa China Construcción.
La modificación de estos códigos permitió que se realizaran dos grandes desembolsos por un total de 556 mil dólares, que fueron dirigidos a las nuevas cuentas bancarias de la Fundación Atenas. Esta organización, a su vez, transfirió el dinero a las cuentas de otra empresa denominada Salud Panamá.
La investigación reveló que Salud Panamá emitió más de 68 cheques a terceras personas para distribuir el dinero sustraído, completando así la cadena de blanqueo de capitales.
El caso surgió a partir de una denuncia presentada por el MEF sobre irregularidades detectadas en el ámbito civil relacionadas con la empresa China Construcción. Durante las investigaciones posteriores, las autoridades lograron identificar que la orden para cambiar los códigos bancarios de esta empresa contratista del Estado se originó en la Dirección Regional de Salud de Herrera.
Entre las 12 personas imputadas se encuentran cinco funcionarios públicos de los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas, incluyendo asistentes de contabilidad y asistentes administrativos, así como varios particulares involucrados en el esquema. La audiencia continuaba en la etapa de solicitudes de medidas cautelares.
Con información de Meredith Serracín.