Investigan presunta desaparición de datos en la Junta Comunal de Ancón; Fiscalía incauta equipos
Durante la inspección, se incautaron 14 equipos informáticos para su posterior análisis forense de datos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, llevó a cabo este jueves 22 de agosto una inspección ocular en la Junta Comunal de Ancón.
La entidad informó que la diligencia fue dirigida por la fiscal superior Anilú Batista, quien estuvo acompañada de su equipo de trabajo. Durante la inspección, se incautaron 14 equipos informáticos para su posterior análisis forense de datos.
Estas acciones están relacionadas con una denuncia penal presentada por la representante de la Junta Comunal de Ancón, Yamireth Batista, en julio pasado. La denuncia señala presuntas irregularidades en la administración anterior de la junta, que estuvo a cargo del perredista Iván Vásquez.
“Estamos trabajando con información nula; agradecemos a las instituciones del Estado que han colaborado con la información disponible en estas oficinas, pero nos han puesto obstáculos que nos impiden ejercer nuestras funciones”, manifestó Batista.
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La representante también señaló que “una de las principales limitaciones debido a la falta de información es que, mensualmente, el Municipio de Panamá desembolsa a cada junta comunal 65 mil dólares para su funcionamiento. Nosotros debemos presentar el informe de junio, pero al no tener la información, el desembolso no se puede realizar”.
La denuncia se enfoca en la presunta desaparición de información estatal en la junta comunal. Según Batista, los datos fueron borrados de las computadoras, y además se eliminaron discos duros y se reformatearon. Las acusaciones también describen la destrucción de material de oficina y la trituración de informes, lo que ha dificultado el funcionamiento de la junta. Estos hechos fueron denunciados públicamente cuando Batista asumió el cargo.
Ante estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo una investigación por delitos contra la administración pública y la seguridad informática. Se informó que en la diligencia participaron personal de la Procuraduría General de la Nación, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
