Ocho exfuncionarios condenados por cobrar por traslados de reos; Montalvo a familiares: 'Los están estafando'

Un total de ocho exfuncionarios del Sistema Penitenciario fueron condenados y otros 11 están siendo investigados por supuestamente solicitar pagos a los familiares de privados de libertad para acelerar procesos como traslados de centros penitenciarios o ingresos a programas que les permitan acceder a una conmutación de pena.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió sobre posibles estafas relacionadas con el cobro de dinero a cambio de traslados de privados de libertad entre centros penitenciarios de la capital. Aseguró que serán implacables con quienes sean sorprendidos en estas prácticas.

De acuerdo con la ministra, actualmente “no hay forma humana” de autorizar traslados de La Joya hacia El Renacer, ya que solo se conceden a privados que cumplan con los programas de observación, mandato judicial o prelibertad.

Están usando el nombre del director y el mío para este tipo de acciones. Lamentablemente, los familiares se van a quedar esperando porque esas solicitudes no se van a firmar. Los están estafando”, advirtió.

Montalvo recalcó que serán rigurosos con los funcionarios que se presten a estas actividades dentro del sistema penitenciario, al considerar inaceptable que en las cárceles, donde personas cumplen condenas por delitos, existan servidores públicos que intenten mantener el régimen de corrupción que las autoridades buscan desarticular para lograr un funcionamiento adecuado.

La titular de Gobierno también señaló que existen denuncias que evidencian la presencia de organizaciones dentro del sistema penitenciario que cobraban a los detenidos para incluirlos en los programas que les permiten acceder a una conmutación de pena.

Incluso indicó que ya se han iniciado 11 investigaciones contra funcionarios; otros 8 ya han sido condenados por estas situaciones. Solicitó a los familiares interponer las denuncias correspondientes.

Las declaraciones de la ministra se dieron durante una conferencia de prensa junto al director del Sistema Penitenciario, en la que también se abordaron temas como el hacinamiento, la construcción de nuevas cárceles, la licitación de alimentos y los programas de evaluación que permiten conmutar penas.

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Actualmente, más de 24 mil personas permanecen privadas de libertad en Panamá, incluyendo detenidos preventivos. Esta cifra supera la capacidad instalada de las cárceles, lo que ha motivado el anuncio de la construcción de un nuevo centro penitenciario en las provincias centrales y de la prisión de Colón.

La ministra destacó el programa de segregación que actualmente se implementa, mediante el cual se evalúa a cada persona que ingresa al sistema en un periodo de tres meses. Explicó que antes había privados de libertad que pasaban hasta tres años detenidos sin recibir una evaluación que permitiera determinar quiénes son, de dónde provienen y cuál es su entorno, información necesaria para analizar una posible conmutación de pena o la aplicación de libertad vigilada.