Minsa prohíbe certificados de salud mental como requisito laboral y educativo
Desde el Ministerio de Salud se advierte que la solicitud de estos certificados queda “terminantemente prohibida en todo el territorio nacional”, al considerar que su uso puede generar discriminación y vulnerar la dignidad de las personas.
Panamá/El acceso al empleo, la educación y los trámites administrativos en Panamá cambia a partir de una nueva disposición del Ministerio de Salud (Minsa), que prohíbe de forma definitiva la solicitud de certificados de salud mental en todo el país.
La medida, emitida por la Dirección General de Salud Pública junto a la Sección Nacional de Salud Mental, establece que ninguna institución pública o privada podrá exigir este documento como requisito, una práctica que durante años formó parte de procesos de contratación, admisión académica y otros trámites.
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La decisión tiene carácter obligatorio y se fundamenta en la Ley No. 364 de 6 de febrero de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 27 de junio de 2024, normas que reconocen la salud mental como un derecho humano fundamental y garantizan su cobertura a nivel nacional.
Desde el Ministerio de Salud se advierte que la solicitud de estos certificados queda “terminantemente prohibida en todo el territorio nacional”, al considerar que su uso puede generar discriminación y vulnerar la dignidad de las personas.
La disposición alcanza a todas las entidades del Estado, empresas privadas, instituciones educativas en todos los niveles y agencias de empleo, que deberán eliminar este requisito de sus procesos y reglamentos internos.
El marco legal establece que ninguna persona puede ser identificada ni discriminada por padecer o haber padecido un trastorno mental, con protección expresa en ámbitos como el trabajo y la educación, tal como lo señala el artículo 5 de la normativa vigente.
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Además, se instruye a las instituciones a cesar de inmediato la solicitud de estos certificados, revisar sus procedimientos y capacitar a su personal para garantizar que no se condicione el acceso a oportunidades por razones vinculadas a la salud mental.
Desde el punto de vista clínico, las autoridades sostienen que estos certificados no tienen valor predictivo sobre el desempeño laboral o académico, ya que reflejan una condición en un momento específico y no determinan capacidades futuras.
El incumplimiento de esta disposición podría derivar en responsabilidades administrativas y legales, en un escenario donde el Estado busca reforzar la protección de derechos y reducir la estigmatización en torno a la salud mental.
La medida marca un giro en las prácticas institucionales del país, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y evitar barreras que afecten a quienes buscan empleo o acceso a la educación.