Operación 'Fisher' es elevada a causa compleja tras más de un año de seguimiento

Operación Fisher.
Operación Fisher. / AFP

A causa compleja fue elevada la investigación por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita agravada y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, concediendo al Ministerio Público un plazo adicional de cinco (5) meses para concluir la investigación.

En la audiencia que se realizó ayer, lunes 30 de mayo, los Fiscales presentaron la solicitud a la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Hiroko Tinoco Naranjo, por el elevado número de imputados, la pluralidad de hechos y por una serie de peritajes, asistencias judiciales y análisis de información que faltan por realizar.

En esta investigación se condenaron mediante acuerdo de pena a 9 personas por los delitos arriba mencionados, cuyas condenas oscilan entre 60 a 80 meses de prisión.

Las investigaciones por el caso “Fisher” iniciaron en febrero del año 2020, a un presunto grupo criminal, conformado por ciudadanos panameños y extranjeros, que se dedican a recibir, custodiar y ocultar grandes cantidades de drogas provenientes de Colombia, que ingresan en lanchas rápidas al territorio nacional por las Costas del Atlántico.

Las lanchas llegaban a la Costa Arriba de Colón, donde mantenían sus principales centros de acopio (caletos), para posteriormente movilizar estos cargamentos ilícitos a la ciudad de Panamá, a través de diferentes vehículos con alteración en su estructura (doble fondo), cilindros de gas, llantas de vehículos o a través de lanchas rápidas hacia Centroamérica, teniendo como destino final Estados Unidos.

Más de 10 millones de dólares fueron decomisados en la operación, donde se detuvieron a 57 personas (47 hombres y 10 mujeres), los cuales son investigados por su vinculación con el Clan de Golfo.

En esta audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Joseph Díaz Calderón y la fiscal Johana Quiel. La asistencia legal estuvo a cargo de defensores técnicos particulares y del Instituto de la Defensa Pública.

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