Ferrocarril del Canal: Consejo Empresarial Logístico advierte riesgos para la seguridad jurídica por intento de derogar concesión
COEL advirtió que rescindir de forma unilateral un contrato legalmente establecido podría derivar en costosos arbitrajes internacionales, afectar el clima de negocios y poner en riesgo la estabilidad del país.
Panamá/El Consejo Empresarial Logístico (COEL) manifestó su profunda preocupación por el anteproyecto de ley que pretende derogar el contrato de concesión del Ferrocarril del Canal de Panamá, al considerar que la iniciativa representa un grave riesgo para la seguridad jurídica del país y podría deteriorar la imagen de Panamá como destino confiable de inversión.
COEL advirtió que rescindir de forma unilateral un contrato legalmente establecido podría derivar en costosos arbitrajes internacionales, afectar el clima de negocios y poner en riesgo la estabilidad del país.
Actuar de manera unilateral y arbitraria (…) envía una señal alarmante a la comunidad internacional y a los inversionistas que han confiado en nuestro marco legal”, recalcó el gremio en un comunicado.
Avance legislativo y alcance de la iniciativa
El pronunciamiento del sector logístico se da luego de que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijara el anteproyecto de ley 119, presentado por el diputado perredista Crispiano Adames y Joan Guevara, este último de la bancada Mixta (Alianza).
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La propuesta establece que, una vez derogada la concesión, corresponderá al Órgano Ejecutivo convocar un nuevo proceso de licitación pública internacional, ajustado a lo dispuesto en la Constitución y las leyes vigentes.
Este proyecto de ley busca corregir las irregularidades en el contrato original y establecer un marco que permita al Estado panameño maximizar los beneficios de este activo estratégico, garantizando a la vez transparencia y respeto a la función legislativa", expresó el diputado Adames, en la exposición de motivo de la propuesta legislativa.
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— COEL (@coelpty) August 23, 2025
La prórroga del contrato y sus cifras
En septiembre de 2024, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) publicó en Gaceta Oficial la prórroga del contrato de concesión con la Panama Canal Railway Company para operar el ferrocarril entre Panamá y Colón por 25 años más, extendiendo la vigencia hasta el 18 de febrero de 2049.
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Dicha prórroga había sido otorgada el 9 de febrero de 2023, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, bajo la gestión del entonces administrador de la AMP, Noriel Araúz, aunque se hizo pública meses después.
El contrato original, firmado en 1998, otorgaba a la empresa el derecho de desarrollar, construir, operar y administrar el ferrocarril, con la obligación de invertir al menos $30 millones en los primeros cinco años.
Según la Resolución 008-2023 de la AMP, la Panama Canal Railway Company ha invertido $163.4 millones durante el período de ejecución, muy por encima del monto inicial pactado. Asimismo, ha pagado al Estado $55.1 millones en concepto del 10% de la entrada bruta de todas las fuentes de ingresos derivadas de las operaciones ferroviarias.
El proyecto es operado conjuntamente por las empresas estadounidenses Kansas City Southern y Mi-Jack Products.
COEL pide diálogo y respeto al marco legal
El gremio empresarial recordó que el ferrocarril es un componente vital de la plataforma logística, pues conecta las terminales portuarias en ambos océanos y genera miles de empleos directos e indirectos.
“Interrumpir o anular esta operación sin un proceso transparente y un análisis técnico y legal exhaustivo no solo afecta a una empresa, sino que desestabiliza toda la cadena de valor que contribuye significativamente al Producto Interno Bruto”, sostuvo COEL.
Lea Aquí la iniciativa legislativa:
El organismo hizo un llamado a las autoridades a privilegiar el diálogo constructivo con el sector privado y buscar soluciones dentro del marco legal vigente, en lugar de adoptar medidas unilaterales que —según advirtió— debilitan la confianza inversionista y la imagen del país.
Finalmente, reiteró que, por el bien del desarrollo nacional, es imperativo que prevalezca la prudencia y el respeto a los principios de seguridad jurídica.