Conflicto portuario escala: PPC acusa a Panamá de deteriorar la confianza para la inversión extranjera

Panamá/La empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC) aseguró que la República de Panamá está deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera, tras los acontecimientos ocurridos en los puertos de Balboa y Cristóbal y el desarrollo del arbitraje internacional entre ambas partes.

En un comunicado, la compañía afirmó que “la República de Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera a través de su conducta más reciente y sostenida, semanas después de la toma indebida de las terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal”.

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La empresa también señaló que el Estado panameño no presentó su respuesta dentro del plazo original establecido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en el proceso iniciado por PPC. Según la compañía, el Gobierno alegó que no estaba preparado para responder porque no había contratado abogados y necesitaba tiempo para elaborar un plan de defensa.

Panamá no presentó su respuesta en el arbitraje internacional presentado por PPC para el plazo original fijado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el viernes 13 de marzo de 2026. Panamá indicó que no estaba preparada ni en condiciones de responder a tiempo porque no había contratado abogados, no estaba familiarizada con la controversia y necesitaba tiempo para elaborar un plan, para obtener una extensión parcial – a pesar de que Panamá recientemente anunció que había pasado el último año desarrollando un plan para los puertos y de que PPC había notificado al Estado una disputa hace casi un año debido a la campaña abusiva del Estado en su contra", se lee en el comunicado.

PPC cuestionó además las acciones ejecutadas por el Estado durante la ocupación de las terminales portuarias, señalando que estas medidas afectaron operaciones, contratos y a empresas proveedoras vinculadas a los puertos. “Panamá ha continuado desestimando el estado de derecho, durante y después de su radical ocupación, allanamiento y confiscación de las instalaciones y propiedad de PPC (...)”, se lee en el comunicado.

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La empresa también denunció la retención de documentos corporativos que, según indica, fueron confiscados por autoridades panameñas durante operativos en las terminales y en un depósito privado de archivos. En el comunicado se afirma que “Panamá también continúa reteniendo documentos del inversionista que fueron indebidamente confiscados, negando a PPC el acceso a sus propios archivos, computadoras y documentos propietarios y legalmente protegidos”.

Estas acciones, de acuerdo con PPC, reflejan un escenario adverso para la inversión extranjera y advirtió sobre los efectos que, a su juicio, esto podría tener en el país. La empresa señaló que “todos estos son signos de un Estado que desestima la inversión extranjera al violar contratos, leyes y normas internacionales”, al tiempo que indicó que se reserva todos los derechos y recursos legales ante los daños que considera provocados por la situación.

Todos estos son signos de un Estado que desestima la inversión extranjera al violar contratos, leyes y normas internacionales. Para PPC y sus inversionistas, Panamá ha causado daños drásticos y crecientes, reservándose de manera permanente todos sus derechos y recursos", dice PPC.

En fallo conocido el pasado 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existe una concesión vigente para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, al determinar que el contrato-ley suscrito con Panama Ports Company, S.A. es lesivo al interés público y vulnera múltiples artículos de la Constitución Política, al otorgar beneficios desproporcionados a la empresa concesionaria en detrimento del Estado panameño y del bienestar colectivo.

Hace una semana, la empresa Panama Ports Company (PPC) y su casa matriz, CK Hutchison Holdings Limited, anunciaron una intensificación de sus acciones legales contra el Estado panameño tras la toma de los puertos de Balboa y Cristóbal, la cual la Autoridad Marítima de Panamá hizo efectiva el 23 de febrero pasado.

En un comunicado divulgado por la compañía, informó que ya amplió su ofensiva jurídica a nivel internacional y local, incluyendo la ampliación al arbitraje en el que reclama al menos $2,000 millones en daños, además de nuevas acciones contra el decreto ejecutivo que ordenó la toma de sus activos y contra la incautación de documentación corporativa.

Lea aquí el comunicado: