Hutchison amplía demanda de arbitraje y presenta recurso contra decreto usado para la toma de los puertos Balboa y Cristóbal

La empresa Panama Ports Company (PPC) y su casa matriz, CK Hutchison Holdings Limited, anunciaron una intensificación de sus acciones legales contra el Estado panameño tras la toma de los puertos de Balboa y Cristóbal, la cual la Autoridad Marítima de Panamá hizo efectiva el 23 de febrero pasado.

En un comunicado divulgado este viernes, la compañía informó que ya amplió su ofensiva jurídica a nivel internacional y local, incluyendo la ampliación al arbitraje en el que reclama al menos $2,000 millones en daños, además de nuevas acciones contra el decreto ejecutivo que ordenó la toma de sus activos y contra la incautación de documentación corporativa.

Según la empresa, PPC ya presentó un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional.

En ese procedimiento, la compañía solicita una compensación mínima de 2,000 millones de dólares, monto que —según afirma— ha sido “tergiversado” por autoridades panameñas en declaraciones a la prensa.

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La acción se produce tras lo que la empresa describe como una campaña estatal desarrollada durante el último año y las medidas adoptadas desde el 23 de febrero, cuando el Estado asumió el control de las terminales portuarias operadas por PPC.

Recurso contra el Decreto Ejecutivo No. 23

En paralelo, la empresa interpuso un recurso legal relacionado con el Decreto Ejecutivo No. 23 del 23 de febrero de 2026, al considerar que su alcance es “extremo”.

De acuerdo con PPC, el decreto ordena la toma de todos los bienes de la compañía, incluyendo propiedades, equipos de las terminales portuarias y documentos e información considerados propietarios y legalmente protegidos.

El recurso también cuestiona la forma en que el Estado implementó la medida, señalando que se produjo la incautación y uso de bienes que no estarían vinculados directamente con las operaciones portuarias.

La acción del Estado panameño se dio luego que quedara en firme y se ejecutoriara el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el tratado que extendía la concesión a PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal

Reclamo por incautación de documentos

Otra de las acciones legales emprendidas por la empresa se refiere a la incautación de documentos corporativos que, según PPC, estaban almacenados en una instalación privada.

La compañía informó que presentó una solicitud ante la Autoridad Marítima de Panamá para exigir acceso inmediato y la devolución de documentos e información propietaria, alegando que fueron retirados sin una orden judicial válida.

Según la empresa, el Estado justificó la incautación argumentando que los documentos eran relevantes para la transferencia de las operaciones portuarias, afirmación que PPC considera incorrecta.

Los documentos a los que hace referencia Hutchison fueron extraídos por la Sección de Atención Primera de la Fiscalía Metropolitana el pasado, durante diligencias de allanamientos excepcionales y registros, realizadas el pasado jueves en oficinas de la portuaria, ubicadas en una plaza comercial en Albrook.

Escalada del conflicto legal

La compañía también indicó que CK Hutchison Holdings Limited presentó un complemento a su aviso previo de disputa bajo un tratado bilateral de inversión, señalando que el Estado panameño ignoró comunicaciones previas y esfuerzos de diálogo antes de asumir el control de los puertos.

PPC sostiene que las acciones del gobierno son incompatibles con la legislación vigente, los contratos existentes y los compromisos derivados de tratados internacionales de inversión.

“La conducta del Estado panameño es incompatible con la legislación aplicable, los contratos y los derechos derivados de tratados internacionales”, indicó la empresa en su comunicado.

PPC y su casa matriz señalaron que continuarán utilizando todos los recursos legales disponibles para defender sus derechos y reclamar compensaciones por los daños ocasionados.

Las empresas aseguraron que no buscan una solución temporal y que mantendrán sus acciones legales frente a lo que consideran violaciones graves a sus derechos como inversionistas.

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