Panamá Ports: 'Nuestro plan no es planear una salida, es conversar' con el Gobierno, afirma vocero

Ciudad de Panamá/Panama Ports Company (PPC) aseguró que su intención no es retirarse del país, sino abrir un espacio de negociación con el Gobierno antes de que quede ejecutoriado, tras su publicación en la Gaceta Oficial, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato-ley para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión del máximo tribunal concluyó que no existe una concesión vigente y que el contrato suscrito con la empresa es lesivo al interés público y vulnera múltiples artículos de la Constitución Política.

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Ante este escenario, Alejandro Kouruklis, vocero de Panama Ports, subsidiaria de la hongkonesa CK Hutchison Holdings, afirmó que la empresa está dispuesta a revisar aspectos económicos del acuerdo. “Estaríamos dispuestos a revisar las negociaciones legales de los dividendos para Panamá”, expresó, adelantando que ya se han presentado propuestas en esa línea, aunque desconoce si han sido evaluadas.

El vocero sostuvo que la empresa mantiene sus derechos mientras se desarrolla un proceso arbitral internacional. “Nosotros consideramos que los derechos de la empresa se mantienen, por eso es que hay un arbitraje”, indicó. Ese arbitraje, explicó, ronda los 2 mil millones de dólares.

Kouruklis defendió la trayectoria de la compañía en el país y aseguró que PPC ha invertido aproximadamente mil 800 millones de dólares en el desarrollo de los puertos, además de haber entregado 650 millones de dólares a Panamá en 25 años, cifra que, según dijo, supera los aportes de otras terminales portuarias.

En medio de la controversia, insistió en que el camino debe ser el diálogo. “La mejor solución de lo que está pasando es el diálogo (…) el camino que se está siguiendo puede causar un caos”, advirtió.

Sobre el fundamento del arbitraje, explicó que la concesión surgió de una licitación pública, se elaboró un contrato por parte del Estado, fue aprobado por la Asamblea Nacional y atravesó siete administraciones gubernamentales con varias enmiendas. “30 años después la Corte dice que es inconstitucional”, señaló.

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También rechazó que el contrato pueda calificarse como leonino o lesivo, como planteó la Corte. “Lo que la Corte está diciendo es que el órgano Ejecutivo y Legislativo se equivocaron”, manifestó, al tiempo que aseguró que la empresa no redactó las leyes ni los contratos.

Tras el anuncio del fallo, el Gobierno informó que APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller–Maersk, entrará a operar de manera temporal los puertos como parte del proceso de transición. Sin embargo, Kouruklis cuestionó esa posibilidad. “No debe y no se puede”, afirmó, argumentando que si bien los puertos son del Estado panameño, los equipos utilizados para su operación son propiedad privada.

Detalló que entre esos activos se encuentran 38 grúas pórticas, 75 grúas de patio, 180 chasis y más de 200 equipos adicionales. “Cómo va a entrar una empresa como Maersk y tomar control de esos equipos que no le pertenecen”, planteó.

En ese sentido, reiteró que la empresa no contempla una retirada. “Nuestro plan no es planear una salida, nuestro plan es conversar con el Gobierno tal como lo está haciendo la minera, a ver qué solución se le puede dar a esto”, expresó, en referencia a otros procesos similares en el país.

Cabe señalar que, mientras el fallo avanza hacia su ejecución formal, el futuro de la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal se mantiene en un terreno de incertidumbre, donde el diálogo y las decisiones gubernamentales marcarán el rumbo de uno de los activos logísticos más estratégicos de Panamá.