Ruiz Díaz sugiere que el canal de Panamá asuma la gestión de los puertos

Ciudad de Panamá, Panamá/El abogado Roberto Ruiz Díaz reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company, señalando que, aunque no resultó sorpresivo que se emitiera una decisión, el verdadero desafío ahora será definir cómo se realizará el traspaso y la transición de la operación portuaria. En ese contexto, planteó que la Autoridad del Canal de Panamá podría asumir la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Ruiz Díaz explicó que la decisión responde exclusivamente a un fallo del máximo tribunal, y no a la voluntad de alguna de las partes involucradas, por lo que el énfasis debe estar en la gestión ordenada de la transición. Aclaró que, a diferencia del caso de la mina, no existe una ley que prohíba la actividad portuaria, lo que abre la posibilidad de negociar un periodo de transición que permita evitar conflictos mayores, como un eventual arbitraje internacional.

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El abogado advirtió que China ya ha anunciado que tomará acciones legales, por lo que consideró que el Gobierno debió haber previsto este escenario desde hace meses y contar con un equipo preparado para manejar el proceso. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo no puede alegar sorpresa ante el fallo y debe garantizar una transición ordenada de la actividad.

Asimismo, indicó que el Estado deberá definir el mecanismo a seguir, ya sea a través de una licitación pública, una concesión directa, o evaluando la posibilidad de que los puertos sean administrados por la Autoridad del Canal de Panamá. “El Estado tiene que decidir si lo que va a hacer es ir a una licitación pública, lo va a concesionar directo o, como siempre he señalado, si esto también pudiese ser administrado por el canal de Panamá”, expresó.

Ruiz Díaz consideró que el contrato original nació con deficiencias, pero que posteriormente se convirtió en un buen contrato, tras modificaciones que permitieron al Estado recibir ingresos por el movimiento de contenedores. No obstante, señaló que la prórroga del contrato representó una oportunidad perdida para que Panamá obtuviera mayores beneficios, tomando en cuenta el comportamiento del mercado portuario internacional.

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El jurista también advirtió que el actual escenario está fuertemente influido por el componente geopolítico, especialmente por las presiones del gobierno de Estados Unidos en relación con China, lo que ha añadido complejidad al manejo del caso.

Además, subrayó que el Estado debe actuar con cautela durante la transición para no afectar a otras empresas que operan dentro del área de concesión, como AES Panamá, y reiteró que el nuevo proceso debe priorizar que el principal beneficiado sea el Estado panameño, y no únicamente la empresa concesionaria.

Sostuvo que, tras los fallos de la Corte Suprema, la figura del contrato ley pierde fuerza, por lo que nada impide avanzar hacia una licitación o contrato ordinario con condiciones claras. En ese contexto, enfatizó que el presidente de la República debe actuar con dignidad nacional, tomando decisiones soberanas, sin presiones externas, y comunicando con claridad para proteger el empleo directo e indirecto que depende de la actividad portuaria.