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Ciudad de Panamá, Panamá/Panama Ports Company, S.A. (PPC) reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión que le permite operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, calificando el fallo como carente de fundamento jurídico y contrario al marco legal vigente.
En un comunicado oficial, la empresa señaló que “toma nota de la declaración emitida esta noche por el Órgano Judicial de la República de Panamá en la que se afirma que la Corte Suprema de Justicia ha decidido declarar inconstitucional la Ley N.º 5, de 16 de enero de 1997, y otras leyes relevantes”. No obstante, aclaró que “si bien PPC aún no ha sido notificada de dicha decisión, esta decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas”.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC) para la operación de ambos puertos. La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria celebrada este jueves 29 de enero de 2026, tras una amplia deliberación y discusión de dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada No. 17547-2025, según informó el Órgano Judicial mediante un comunicado oficial.
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PPC enmarcó el fallo como parte de “el último desarrollo de una campaña del Estado panameño impactando a PPC y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la Concesión y PPC”.
La empresa destacó que, durante sus 28 años de operación, “PPC y su inversionista han invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país”, inversiones que —según indicó— “han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial”.
Asimismo, recordó que “la concesión de PPC fue producto de una licitación internacional transparente” y que desde entonces la compañía “ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración”.
Sobre el impacto del fallo, PPC advirtió que “carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas, que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, sino también el estado de derecho y la seguridad jurídica del país”, subrayando además que la decisión “es diametralmente opuesta a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares al contrato de PPC”.
La empresa sostuvo que “la campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global”, enfatizando que “la estabilidad institucional y legal y el respeto a los contratos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el estado de derecho”.
Finalmente, PPC destacó que “reitera su compromiso con Panamá, con sus trabajadores, con las comunidades de Balboa y Colón, y con todos los actores”, aunque advirtió que “por la campaña afectando a PPC y sus inversionistas, la compañía y su inversionista continúan reservándose todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales”.
La empresa concluyó señalando que “PPC y sus inversionistas siempre han buscado cooperación con el Estado panameño y reitera su llamado a la coordinación y consultas respetuosas para evitar disrupción y proteger la concesión que ha brindado servicios de alta calidad para el beneficio de Panamá y el mundo”.