Panama Ports vs el Estado panameño: Las claves de la batalla legal que se traslada al terreno internacional

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión portuaria de Panama Ports Company (PPC), la empresa anunció que inició un arbitraje internacional contra el Estado panameño.

Pero, ¿qué significa este proceso y cuáles son sus implicaciones para el país?

El especialista en arbitraje internacional, Esteban López, explicó que un arbitraje internacional ocurre cuando las partes acuerdan, desde la firma del contrato, que cualquier controversia será resuelta fuera de la jurisdicción local, es decir, no ante la justicia panameña, sino mediante este mecanismo.

Detalló que se trata de un proceso complejo, en el que cada parte nombra a un árbitro y, posteriormente, ambos seleccionan a un tercero, quien preside el tribunal arbitral.

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Según López, Panamá deberá ahora responder formalmente a la solicitud de arbitraje, designar a su árbitro y participar en la escogencia del tercero.

Este arbitraje puede durar entre tres y cinco años, debido a su complejidad”, señaló.

No obstante, aclaró que el proceso puede suspenderse en cualquier momento si las partes alcanzan un acuerdo.

Etapas del arbitraje internacional

El procedimiento contempla varias fases, entre ellas:

• Constitución del Tribunal Arbitral
• Firma del acta procesal, donde se establecen las reglas del proceso
• Reunión entre árbitros y las partes para definir la hoja de ruta
• Recusación de árbitros, si fuese necesario
• Presentación de pruebas y contrapruebas
• Práctica de pruebas y peritajes
• Cierre de alegatos
• Emisión del laudo arbitral

Durante el proceso, cada parte presentará su posición con el fin de defender sus intereses ante el tribunal.

La estrategia del Estado panameño

Para López, Panamá debe prepararse de manera consensuada y transparente, contando con abogados especializados en arbitraje internacional y contratos de concesión, además de tiempo y solidez técnica.

“Una de las claves será demostrar que el contrato no cumplió con los requisitos exigidos por la ley panameña, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia”, subrayó, pese a que PPC intente sostener lo contrario.

Tenemos que tener pendiente, aquí hubo un informe de Contraloría anterior que decía que todo estaba bien, y eso lo van a usar los abogados de Panama Ports. El Estado panameño dirá que una vez se entró a revisar nos dimos cuenta que se violó la soberanía del Estado, no se cumplió la Ley, es va a ser el punto más importante de este arbitraje”, aseveró Lópesz.

Concesión y continuidad portuaria

López también afirmó que no es necesario esperar el fallo del arbitraje para otorgar una nueva concesión, ya que la Corte Suprema de Justicia determinó que el contrato con PPC no existe jurídicamente.

Valoró de forma positiva que el Gobierno tenga definido qué empresa operará los puertos, tras la salida de PPC, ya que envía un mensaje de estabilidad a la comunidad internacional y garantiza que las operaciones portuarias no se paralicen.

Aunque algunos sectores advierten sobre una posible afectación a la seguridad jurídica, el abogado sostuvo que el fallo judicial establece con claridad los incumplimientos del contrato, reforzando la posición del Estado.

Finalmente, López destacó que Panamá tiene un historial favorable en arbitrajes internacionales, con resultados positivos en el 95% de los casos, debido a que cumple lo pactado, enfrenta los procesos y los lleva hasta el final.