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Mulino rechaza señalamientos de China contra Panamá tras fallo de la Corte sobre contrato portuario
Panama Ports Company (PPC) informó oficialmente en un comunicado que el 3 de febrero de 2026, que inició un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Panamá, invocando las cláusulas del "contrato de concesión" y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, en reacción al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato portuario con Panama Ports Company (PPC).
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario afirmó que Panamá es un Estado de Derecho y subrayó que el país respeta las decisiones del Órgano Judicial, el cual, remarcó, es independiente del Gobierno Central.
“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao”, señaló Mulino, al tiempo que defendió la legitimidad del fallo emitido por la máxima instancia judicial del país.
De acuerdo con publicaciones de Router, la oficina encargada de los asuntos de Hong Kong y Macao del Gobierno chino calificó el fallo como absurdo, vergonzoso y patético, y señaló que se tomarán acciones para proteger los intereses de las compañías chinas involucradas.
Agregó que la decisión de la Corte ignora los hechos, vulnera la confianza y afecta los derechos legítimos de empresas vinculadas a Hong Kong.
El jefe del Ejecutivo indicó además que la Cancillería panameña se pronunciará formalmente sobre el caso y que adoptará las decisiones correspondientes, en el marco del respeto al derecho internacional y a la soberanía nacional.
En tanto, Panama Ports Company (PPC) informó oficialmente en un comunicado que el 3 de febrero de 2026, que inició un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Panamá, invocando las cláusulas del "contrato de concesión" y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El arbitraje surge luego de que la CSJ declarara inconstitucional el contrato que regía la concesión portuaria, una decisión que ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional y que vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad jurídica, la soberanía del Estado y el respeto a las decisiones judiciales.
Según el comunicado de Panama Ports, la disputa surge tras lo que describe como "una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión", marcada por acciones que, según la empresa, causaron "daños graves y daños adicionales inminentes" a sus operaciones.
En fallo conocido el pasado 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existe una concesión vigente para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, al determinar que el contrato-ley suscrito con Panama Ports Company, S.A. es lesivo al interés público y vulnera múltiples artículos de la Constitución Política, al otorgar beneficios desproporcionados a la empresa concesionaria en detrimento del Estado panameño y del bienestar colectivo.
