Paro docente reaviva debate sobre cobros del transporte colegial durante días sin clases

Ciudad de Panamá, Panamá/La paralización de clases por el paro de docentes ha generado múltiples interrogantes una nueva controversia: de vieja data ¿deben los busitos colegiales cobrar su servicio durante los días sin clases? Esta pregunta divide opiniones entre padres de familia y transportistas, mientras las autoridades buscan clarificar un vacío legal que se repite cada vez que se suspenden las actividades escolares.

Emilio Manzané, representante legal de la Cámara Panameña de Transporte Colegial, considera que el problema requiere una solución urgente. "Es necesario sentarnos a conversar este tema, todo se puede resolver. Lo que no podemos adoptar son posiciones extremistas, en todo momento, sin conocer realmente cómo funciona el tema", explicó durante una entrevista matutina.

El sector del transporte colegial enfrenta un dilema complejo: por un lado, los padres argumentan que no deberían pagar por un servicio que no se prestó durante al menos 82 días de paro docente; por otro, los transportistas deben seguir pagando las cuotas de sus vehículos y otros gastos operativos, independientemente de si hay clases o no.

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Marco legal

Manzané detalló que la Ley 14 de 1993, conocida como Ley General del Transporte Público, establece en su artículo 54 que la actividad del transporte colegial es de naturaleza comercial. Sin embargo, presenta una particularidad: mientras la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reglamenta los certificados de operación, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) supervisa la modalidad del servicio.

Esta división de competencias explica por qué no existen tarifas oficiales reglamentadas por la ATTT para el transporte colegial. En su lugar, las tarifas se establecen mediante contratos privados entre transportistas y padres de familia. "Las disposiciones de contratos son ley entre las partes y hay que cumplirlas al tenor de las disposiciones", expresó Manzané.

La clave del conflicto se produce entorno a los términos específicos de cada contrato. Algunos incluyen cláusulas sobre hechos fortuitos, huelgas o situaciones ambientales que podrían afectar la continuidad del servicio. Estos contratos permiten ajustes entre el padre de familia y el transportista cuando ocurren circunstancias extraordinarias.

"Hay contratos que establecen esa cláusula. Se habla de hechos fortuitos, del ambiente o algún tipo de problemática que no fueron causadas por los transportistas", explicó Manzané, quien manifestó que los transportistas también fueron víctimas de la situación, ya que no respaldaron ningún comunicado relacionado con el paro.

Modalidades de pago complican la situación

El sistema de pago del transporte colegial añade otra capa de complejidad al problema. El experto señaló que muchos padres pagan por adelantado los 10 meses efectivos de clases, lo que significa que cuando ocurre un paro prolongado, el dinero ya fue entregado al transportista. En estos casos, algunos contratos establecen mecanismos para devolver parte del dinero si se presentan circunstancias excepcionales que impidan la prestación del servicio.

La situación actual no es nueva. Según Manzané, en los últimos cinco años Panamá ha experimentado paros docentes de manera recurrente, lo que convierte esta controversia en un problema que requiere una regulación específica.

El representante legal destacó la necesidad de crear marcos normativos claros para estas situaciones excepcionales. El sector del transporte colegial ha solicitado reuniones con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para abordar esta problemática, pero según Manzané, no han logrado agendar el encuentro.

Los transportistas también reclaman la revisión del Decreto Ejecutivo 316, que reglamenta el artículo 54 de la Ley 14 de 1993. "Tenemos 20 años pidiendo ajustes en el decreto, que se revise precisamente para esto", denunció.

Mesa interinstitucional

Actualmente se ha acogido la propuesta de establecer una mesa de trabajo interinstitucional que incluye la Defensoría del Pueblo, transportistas, ATTT, Policía de Tránsito, Policía de Menores y el Ministerio de Educación.

El paro ha afectado gravemente al sector del transporte colegial. De los 5,000 concesionarios certificados en la provincia de Panamá, al menos el 80% se vio impactado por la paralización de clases.

"Veníamos ya de un tema de pandemia, porque aquí todavía no se han recuperado totalmente", explicó Manzané, quien añadió que los ajustes financieros posteriores a la pandemia no fueron tan efectivos como se esperaba.

Según el representante, la mayoría de los transportistas colegiales no han cobrado durante el período de paro, tanto para escuelas privadas como públicas. Sin embargo, enfrentan la presión de continuar pagando sus obligaciones financieras.