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Ante el escenario modificado por los efectos marcados por la pandemia, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, urgió a la creación de políticas públicas enmarcadas en la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo económico.
Y es que, frente a la crisis sanitaria las mujeres han tenido que enfrentarse a escenarios distintos, en comparación con sus pares los hombres. Actualmente las mujeres componen el 50% de la población, pero en condiciones laborales son mal retribuidas, ya que el 63% de las actividades que ocupan (hoteles y restaurantes) son los más afectados por el confinamiento.
Durante la inauguración de la Misión de Identificación para el Programa de Apoyo a las Políticas de Género II, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la titular de la cartera social fue más allá y aseguró que existe una deuda social con las mujeres que debe ser saldada con la participación de todos los sectores del país; público, privado, incluyendo los organismos internacionales.
Los participantes de la misión coincidieron en la necesidad de abrir espacios donde las mujeres tengan una participación y donde sus aportes contribuyan a tener un mejor país para todos.
Verónica Zavala Lombardi, representante del BID en Panamá; coincidió con la ministra en la necesidad que existe de prestar atención a la población femenina, que ha tenido que lidiar con una doble carga de labores, la de sus responsabilidades en sus áreas de trabajo y la del hogar, donde están expuestas a una sobrecarga laboral.
El encuentro permitió repasar los compromisos que tienen las diferentes instituciones con relación al cumplimiento de los programas de igualdad de género que apoya el BID a través de otorgamientos de préstamos.
La agenda del evento que se extenderá por varios días revisará temas como: implementación del programa sello de igualdad de género en el sector público, estableciendo la capacidad institucional en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para su desarrollo y adopción en seis entidades más.
También se revisó la aprobación de una Estrategia Nacional de Cuidados que favorezcan la autonomía, atención y asistencia a la primera infancia y a las personas en situación de dependencia, así como la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
Se abordó, además, la institucionalización del Consejo Nacional para la Paridad de Género, mediante la consolidación de un sistema de coordinación, gestión, monitoreo y evaluación, así como la elaboración de un plan de sostenibilidad financiera, Y la extensión de la red de los Centros del Instituto Nacional de la Mujer (CINAMU), para incluir a cada una de las comarcas.