Empresarios piden a los diputados que trabajen por 'los intereses de la Nación’
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) llamó este sábado a los diputados a empezar a legislar en los temas que inciden en el escándalo de corrupción Odebrecht, entre ellos el proyecto de “colaboración eficaz”, la ley de Contrataciones Públicas, y mayor presupuesto al Ministerio Público para investigar.
“Vemos con preocupación que la mayor parte de las iniciativas enfocadas a fortalecer la transparencia y luchar contra la impunidad, se encuentran en manos de un Órgano Legislativo polarizado, que dilata el debate de proyectos como las Reformas Electorales ya presentadas”, dijo el gremio.
Los empresarios instaron a la Asamblea Nacional a que sea “consciente de la enorme responsabilidad que hoy (le) recae” y que actúe “con prontitud y en virtud de los verdaderos intereses de la Nación”.
En la lista de pendientes vinculados con Odebrecht está las reformas y aprobación del proyecto de ley 245, que permitiría al Ministerio Público acordar penas con los ejecutivos de la empresa, si delatan a quién pagaron los sobornos. Pero, insisten otras organizaciones, es necesario eliminar del documento la posibilidad de que Odebrecht pueda salir airosa del proceso, sin ningún cargo en su contra.
“Esto permitiría que se simplifique el proceso y se brinde celeridad a los casos cuya investigación inició en el sistema anterior”, agregó.
El gremio también instó a los diputados a atender con velocidad una reforma presupuestaria que permitiría al Ministerio Público acceder a fondos para continuar con la investigación Odebrecht.
“Llamamos la atención a que el traslado de la partida que permitirá mayor presupuesto al Ministerio Público para la contratación de personal y equipo acorde a la complejidad de las investigaciones, también quedará pronto en manos de la Asamblea”, insistió.
Lo otro: la ley 22 de Contrataciones Públicas. “Es inconcebible que el proyecto de ley que modifica la norma vigente para la contratación pública continúe engavetado desde que retornó con objeciones al hemiciclo en junio pasado”, sostuvo la Cámara. Para ellos, es fundamental la inclusión “de instrumentos de inhabilitación a empresas que hayan sido condenadas local o internacionalmente por delitos de blanqueo de capitales o corrupción”.
