Presidente de la Asamblea defiende aumento de dietas y fondos municipales: 'Hay que hacer un análisis profundo en esto'

Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, defendió su anteproyecto de ley que busca incrementar la dieta de los miembros de la Junta Directiva de Descentralización y aumentar los fondos municipales, durante una visita a Panamá Oeste.

Herrera aseguró que la propuesta responde a un análisis económico y práctico sobre el manejo de recursos en los corregimientos.

Sí es cierto que un representante de corregimiento no puede estar manejando 76 mil dólares para hacer un proyecto de inversión en su corregimiento cuando el costo de la mano de obra está alto y los materiales han subido. Desarrollamos lo económico. Tú haces una licitación y te mandan al portal de Panamá Compra. Y ese producto que vayas a comprar está más caro dentro del portal que en los propios lugares donde se venden en los municipios, que no te pagan impuestos, que no generan empleomanía y no impulsan el desarrollo local, y, sobre todo, a costos más altos. Así que yo creo que hay que hacer un análisis profundo en esto”, explicó.

El proyecto de ley propone reformar la Ley 37 de 2009 para cambiar la fórmula de solidaridad existente y que los municipios reciban más fondos.

La ley vigente garantiza que ningún distrito reciba menos de $500,000 en concepto de impuesto de inmuebles; no obstante, Herrera propone que se suba ese umbral a $1,000,000. En palabras del diputado, se introduce una “fórmula de solidaridad intermunicipal” para equiparar a los municipios.

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Dentro de la propuesta, el presidente de la Asamblea señala que este cambio busca “fortalecer las arcas municipales” y garantizar una distribución más equitativa de los fondos para inversión local, según se lee en la exposición de motivos del proyecto.

Además, contempla que las dietas de los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización pasen de $100 a $500 por asistencia a reuniones.

Hasta ahora, las alcaldías recibían lo recaudado por el impuesto de inmuebles y podían destinar un 10 % —o hasta un 25 % en el caso de municipios rurales y semiurbanos— para gastos de funcionamiento. Con la reforma propuesta, se establece que las empresas privadas que ejecuten obras financiadas por el Estado deberán pagar tasas y tributos municipales en proporción a la inversión realizada en su jurisdicción.

La reforma también amplía la integración de la Junta Directiva de la AND, incluyendo al contralor general de la República y dos representantes de la sociedad civil vinculados al desarrollo municipal.

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La iniciativa ha generado dudas por la forma en que se distribuirán los recursos y el precedente de auditorías de la Contraloría, que detectaron presuntos malos manejos de fondos por parte de exrepresentantes de juntas comunales. Además, se hace en medio de un llamado de austeridad proclamado por el actual gobierno.

Con información de Yiniva Caballero.