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Panamá/La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, se refirió a recientes casos de sanciones a funcionarios públicos, que van desde hacer TikTok durante su jornada laboral, relaciones consensuadas hasta presentar certificados médicos estando de viaje en el extranjero.
La procuradora recordó que los servidores del Estado deben regirse por la Constitución y la ley, y que asumir un cargo implica cumplir con la labor que exige la ciudadanía.
Nosotros los funcionarios públicos nos debemos, tal como lo establece la Constitución, a la ley y a la ciudadanía. Entonces, si en un momento dado nosotros aceptamos un cargo, sea el más grande o el más chico, es para hacer el trabajo que la ciudadanía requiere que hagamos para, de alguna manera, darles solución a sus problemas", dijo Villalaz de Allen.
En este sentido, explicó que las incapacidades sospechosas deben ser objeto de investigaciones administrativas, y si de ellas surgen responsabilidades penales, también corresponderá abrir procesos en esa vía. “Lo que corresponde siempre en las actividades que hagan los funcionarios, sea de la naturaleza que sea, dándole los derechos y las garantías que corresponden en un proceso administrativo, es que se investigue”, puntualizó.
Aclaró, además, que la Procuraduría de la Administración no abre directamente estas investigaciones, sino que cada institución debe realizarlas conforme a sus reglamentos internos.
El lunes, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a cuatro servidores públicos de distintas instituciones del Estado por graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.
En esta ocasión, una funcionaria del Municipio de Chame fue penalizada por realizar videos en la red social TikTok durante su horario laboral utilizando el uniforme institucional, conducta que constituye un uso inapropiado del tiempo de trabajo y vulnera los principios de cumplimiento obligatorio, templanza, respeto, liderazgo, igualdad de trato y uso correcto del tiempo laboral.
Asimismo, dos funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) fueron sancionados por mantener una relación de unión consensual mientras laboraban en la misma unidad administrativa, situación que representa un conflicto de intereses y va en contra de los principios de imparcialidad, transparencia y ética en el servicio público.
En paralelo, la procuradora anunció que la institución realizó un acto simbólico de encendido de luces azules, como parte de la campaña de concienciación contra la trata de personas que establece la ley durante este mes.
Villalaz de Allen calificó este delito como uno de los más denigrantes, que suele afectar principalmente a niños, mujeres, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad económica o educativa.
La Procuraduría ha hecho hoy, de manera significativa, el encendido de luces azules para que las personas se concienticen y se den cuenta de que es necesario poner algún tipo de internalización para que no se siga cometiendo este tipo de delitos. Siguen siendo las mujeres y los menores de edad los más vulnerables, porque siempre van a ser personas a las que se les puede engañar y caer, desafortunadamente, como víctimas”, advirtió.
La procuradora recordó que Panamá enfrenta este flagelo asociado, en ocasiones, a la migración ilegal, fenómeno donde se han detectado casos de trata de personas promovidos por redes del crimen organizado.
Con información de Yeny Caballero.