María la Caprichosa
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La Procuraduría General de la Nación presentó este lunes el Protocolo Patricia, una nueva herramienta especializada que busca fortalecer las investigaciones y la litigación de los casos de femicidio en Panamá, mediante criterios técnicos que orientarán el trabajo de los fiscales desde el inicio de la investigación hasta el juicio oral.
El protocolo lleva el nombre de Patricia Soledad Osa Sánchez, fiscal que laboró durante 17 años en el Ministerio Público y cuyo legado fue destacado durante el acto de presentación, al que asistieron autoridades de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de la Mujer y familiares de la funcionaria.
La herramienta fue desarrollada por el Instituto Superior de Formación de Fiscales, con la participación de fiscales de homicidio y femicidio de todo el país, además del aporte de expertos nacionales e internacionales y de buenas prácticas impulsadas por ONU Mujeres y la Red Especializada en Género.
Durante la actividad, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, explicó que el protocolo establece lineamientos técnicos para mejorar las investigaciones, fortalecer las actuaciones procesales y sustentar las decisiones judiciales en los casos de muertes violentas de mujeres por razones de género.
Por su parte, la directora del Instituto Superior de Formación de Fiscales indicó que el documento fue elaborado mediante reuniones técnicas para adaptarlo a la realidad panameña y reafirmó el compromiso de la institución con una justicia especializada, sensible y eficaz en la protección de los derechos de las mujeres.
El procurador agregó que el Protocolo Patricia representa el compromiso del Ministerio Público de honrar la memoria de la fiscal Patricia Osa Sánchez y de reforzar la respuesta institucional frente a los casos de femicidio, recordando que detrás de cada investigación hay una víctima y una familia que espera justicia.
La Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo la acción penal con apego a la Constitución y la ley, fortaleciendo las herramientas de investigación para combatir la violencia contra las mujeres.