Noticiero Estelar
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Ciudad de Panamá/Al pleno de la Asamblea Nacional llegó una iniciativa legislativa que establece sanciones de 50 años de prisión para quienes, dentro o fuera del territorio nacional, atenten contra la seguridad, operatividad o soberanía del canal de Panamá.
Esta propuesta, que llegó de la mano del diputado panameñista Ricardo Vigil, busca reforzar el marco jurídico que protege la vía interoceánica, considerando su importancia estratégica y económica tanto para Panamá como para el comercio global.
El anteproyecto de ley incluye la creación del capítulo "Delitos contra la seguridad jurídica y operacional del Canal de Panamá" en el Código Penal panameño, adicionando dos nuevos artículos:
Establece penas de 50 años de prisión para quienes, por acción u omisión, faciliten, instiguen, promuevan o colaboren en cualquier intento de apoderamiento del canal, ya sea de forma física, virtual o mediante control de las áreas adyacentes, cuenca hidrográfica o espacio aéreo relacionado. Este artículo abarca acciones cometidas por personas naturales o jurídicas, tanto dentro como fuera del territorio panameño.
Extiende las sanciones a quienes incurran en actos de instigación o promoción del control del canal mediante documentos físicos, redes sociales, lenguaje simbólico, gestual o cualquier forma de comunicación. También detalla que estas disposiciones aplican independientemente de si los actos se realizan en tierra, aire, agua, o incluso en el espacio exterior.
La propuesta, destaca el diputado en la exposición de motivos, responde a la creciente preocupación por posibles amenazas a la soberanía del canal, especialmente ante declaraciones recientes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó las tarifas aplicadas por Panamá y sugirió la posibilidad de reclamar la vía interoceánica, generando controversia en ambos países. Las declaraciones de Trump, aunque vistas por algunos como retórica política, reavivan un tema históricamente sensible para Panamá.
En ese sentido, el diputado subrayó la necesidad de blindar jurídicamente este recurso estratégico y de sancionar severamente cualquier intento de desestabilización, ya sea desde el ámbito político, económico o social.
Con respecto a la polémica por el Canal, el presidente José Raúl Mulino ha dejado claro que el canal de Panamá es un patrimonio nacional y que “no hay otras manos en nuestro Canal, más que las panameñas". “Pueden estar tranquilos, en nuestras manos se va a quedar por siempre", destacó el pasado 31 de diciembre en los actos de los 25 años de la reversión del canal a manos panameñas.