Propuestas para la lucha anticorrupción: El Ministerio Público quiere nuevas herramientas
El principal desafío, según la fiscal, es la complejidad de los casos y el miedo de las personas a denunciar.
Ciudad de Panamá, Panamá/En un esfuerzo por combatir la creciente complejidad de los delitos de corrupción en Panamá, el Ministerio Público ha presentado dos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional: una Ley General Anticorrupción y modificaciones al Código Penal. Para desglosar las razones y el alcance de estas propuestas, la fiscal Grisel Mojica, jefa de legal del Ministerio Público conversó en el programa Radar.
El contexto: Un sistema procesal y delitos más complejos
La fiscal Mojica explicó que el actual sistema procesal penal, que exige que el Ministerio Público se someta al "tamiz del juez de garantías y su aprobación", hace necesario contar con herramientas más robustas. Además, la sofisticación de los delitos de corrupción ha alcanzado un nuevo nivel, al estar "enlazados con estructuras criminales organizadas", lo que dificulta significativamente las investigaciones.
El Ministerio Público maneja actualmente unas 4,000 causas por delitos contra la Administración Pública, que van desde peculado y blanqueo de capitales hasta retención de cuotas de obreros patronales. A pesar del gran volumen de casos, la fiscal reconoció que la efectividad del sistema es un tema que golpea a la sociedad.
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Obstáculos y soluciones propuestas
Uno de los mayores obstáculos, según Mojica, es la dependencia de los informes de auditoría de la Contraloría General de la República. La Ley 59 de 1999 exige un informe previo para investigar el enriquecimiento injustificado, un requisito que se ha convertido en "un obstáculo para iniciar esa investigación". El proyecto de ley busca corregir esto, fortaleciendo la "libertad probatoria para que no seamos dependientes de ese informe de auditoría", permitiendo el uso de informes de auditoría interna, de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o incluso de expertos contables de universidades.
La propuesta también busca integrar técnicas de investigación ya existentes, como las interceptaciones de comunicaciones y las operaciones encubiertas, bajo una "ley que sea integral para los temas anticorrupción". Mojica aclaró que estas técnicas ya se usan en casos de crimen organizado, pero la nueva ley garantizaría su uso en los casos de corrupción más complejos, incluso si no están directamente ligados al crimen organizado.
Novedades para combatir la impunidad y la pérdida de bienes
La fiscal Mojica destacó varios aspectos novedosos del proyecto de ley:
- Garantías para acuerdos de pena: Se busca asegurar que las empresas que llegan a acuerdos de pena cumplan con los pagos, ya que hoy en día no siempre se puede cobrar.
- Protección para denunciantes: Se refuerzan las medidas de protección para testigos o personas que denuncian actos de corrupción, conscientes de que "esa es una de las grandes limitantes que tenemos en estos casos".
- Recuperación de activos: La ley contempla mecanismos de cooperación internacional y aumenta el período de obligatoriedad para que los bancos mantengan información bancaria, facilitando la recuperación de bienes robados, muchos de los cuales terminan en el extranjero.
- Inhibición de ex-funcionarios: Se propone que los exjueces o exfiscales no puedan abordar como defensa los casos de alto perfil que manejaron como funcionarios públicos.
- Aumento en la prescripción y penas: Se propone ampliar los plazos de prescripción para los delitos de corrupción y aumentar las penas, como en el caso de las "botellas", cuya pena actual es de 150 a 300 días de multa, mientras que la propuesta la eleva a 4 a 6 años de prisión.
- Obligatoriedad de querellante: Las instituciones públicas afectadas estarán obligadas a convertirse en querellantes para colaborar con el Ministerio Público y facilitar la recuperación de los bienes.
Un llamado a la sociedad
Ante la pregunta de si los proyectos podrían ser archivados, la fiscal Mojica enfatizó que "la corrupción o la lucha contra la corrupción más bien es un tema de todos". Invitó a la ciudadanía a ejercer su rol fiscalizador sobre la Asamblea Nacional y a apoyar las iniciativas legislativas. Aunque no hay una cifra exacta del dinero perdido por corrupción, Grisel Mojica concluyó que el impacto es grave, ya que afecta directamente los recursos destinados a servicios esenciales como educación, salud y agua. El principal desafío, según la fiscal, es la complejidad de los casos y el miedo de las personas a denunciar.
Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.