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Ciudad de Panamá/Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha emitido un comunicado para referirse a la auditoría que lleva a cabo la Contraloría General de la República en la Asamblea Nacional, que ha generado una ola de indignación en decenas de funcionarios del Legislativo.
Según la Contraloría, el objetivo de este proceso es eliminar las “botellas” contratadas por diputados.
“Las organizaciones firmantes apoyamos la labor de fiscalización que la Contraloría General de la República ha iniciado en la Asamblea Nacional y solicitamos que sea robusta, profunda y meticulosa”, señala el comunicado.
Indican en el comunicado que “las recientes acciones que han dado inicio a auditorías y verificación de quiénes están incluidos en las múltiples planillas y contratos por parte de la Contraloría han revelado posibles clanes familiares, exdiputados cobrando sin trabajar y actos de peculado, confirmando denuncias que la sociedad civil y el periodismo de investigación han sostenido por más de quince años, ya que la institución no publica auditorías internas ni externas”.
Agregan que, entre 2019 y 2024, “la Asamblea manejó más de mil millones de dólares, entre el presupuesto formal y traslados de partidas sin rendición de cuentas. No se ha publicado el presupuesto completo, ni su ejecución, ni los contratos de asesores. Se ha incumplido sistemáticamente la Ley 6 de Transparencia".
En el comunicado solicitan que “la actual administración debe asumir su responsabilidad institucional”.
Una de las últimas acciones que generó indignación y caldeó los ánimos en el Órgano Legislativo fue la suspensión del pago electrónico (ACH) para esta primera quincena de abril; en su reemplazo, el pago fue realizarlo de manera física a través de cheques.
Este proceso, según la Contraloría, busca "verificar que los funcionarios cumplan efectivamente con sus responsabilidades, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar que se continúe pagando a quienes no justifican su contratación”. Del total previsto, se entregaron 3.812 cheques, quedando pendientes 110 por ser reclamados.
Al respecto, las organizaciones consideran que, a pesar de que la acción es “tardía”, se constituye como un “paso indispensable para recuperar la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana”.
En ese sentido, exigieron que se sancione a todo aquel que haya malversado fondos públicos conforme a lo establecido en la ley. De igual forma, solicitan que esta auditoría continúe con independencia y que, una vez finalice, se publiquen los resultados de la misma.
En tanto, el contralor de la República, Anel Flores, contó a TVN Noticias que, antes de entrar a la Asamblea —hace casi tres semanas y media—, él conversó con la presidenta del Legislativo y le dijo que tenía que revisar la planilla 172, que ella había anunciado que cerró cuando llegó a la Asamblea.
“No hemos tenido la cooperación de la señora presidenta”, aseguró.
Cuestionó que Castañeda no le haya cooperado con las auditorías y afirmó que los funcionarios que estaban en la planilla 172 fueron movidos a la 001 y 002. “No pasó nada, allí no votaron a nadie. Eso es totalmente falso, que ella arguye que ella redujo, eso es totalmente falso”.
Las organizaciones que firman el comunicado