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Fiscalía inspecciona concesión del Parque Energético Río Alejandro por investigación de presunto peculado
La concesión fue refrendada el 27 de diciembre de 2019, tiene una vigencia de 20 años y permanecerá vigente hasta el 27 de diciembre de 2039.
Colón/La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó una inspección ocular en los predios del Parque Energético Río Alejandro, en la provincia de Colón, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado relacionada con una concesión otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La diligencia se desarrolló con la participación de funcionarios de la AMP y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de verificar las condiciones actuales del área concesionada y recopilar elementos para la investigación que adelanta el Ministerio Público.
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De acuerdo con la Procuraduría, el terreno fue entregado en concesión para desarrollar una central energética y una terminal marítima destinada a la descarga de combustibles.
Según los registros de la Autoridad Marítima de Panamá y en la Resolución de Gabinete No. 43 , publicada en la Gaceta Oficial número 28784-A en mayo de 2019, la concesión corresponde a un área de fondo y ribera de mar con una superficie total de 31 hectáreas más 4,738.02 metros cuadrados, destinada a la construcción de dos terminales marítimas para el atraque de motonaves y la descarga de graneles líquidos, así como gases LNG y/o LPG, bunker, HFO, entre otros productos, que serían transportados hacia la infraestructura de una central termoeléctrica.
La concesión fue refrendada el 27 de diciembre de 2019, tiene una vigencia de 20 años y permanecerá vigente hasta el 27 de diciembre de 2039.
La diligencia forma parte de las actuaciones que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción para establecer las circunstancias relacionadas con la concesión y determinar si existen elementos que sustenten la presunta comisión del delito de peculado.
Cabe señalar que, hasta el momento, la Procuraduría únicamente ha informado sobre la existencia de una investigación y la práctica de una inspección ocular. La información divulgada no implica que la empresa concesionaria o sus directivos hayan sido acusados o vinculados formalmente con la presunta comisión de un delito.
