Fiscalía ordena suspensión de actividades en fincas porcinas y adecuaciones por daño ambiental en ríos de Los Santos

El Ministerio Público en la provincia de Los Santos realizó seis audiencias contra empresas dedicadas a la producción porcina y láctea por su presunta responsabilidad en la contaminación de los ríos La Villa y Estivaná.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Regional de Los Santos, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, presentó ante el Juzgado de Garantías elementos de convicción vinculados a presuntos delitos ambientales cometidos por empresas dedicadas a la producción porcina y láctea. Las acciones se originan tras detectar contaminación en los ríos La Villa y Estivaná, fuentes hídricas clave para el consumo humano.

Durante las seis audiencias de garantías celebradas, el Ministerio Público presentó elementos por la presunta comisión del delito contra el ambiente vinculado a la contaminación, lo que permitió al juez admitir diversas medidas de protección ambiental y urbanísticas.

Entre las empresas señaladas, la Finca Porcina Bombacha recibió la orden de suspender sus actividades reproductivas por un periodo de 15 días. Esta medida será supervisada directamente por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con el Ministerio de Ambiente.

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En tanto, a las fincas porcinas ubicadas en El Faldar y Llano de Piedra, distrito de Macaracas, se les concedió un plazo de 15 días para adecuar sus galeras de producción según los parámetros ambientales requeridos. En el caso específico de la finca Los Ñopos, también en Llano de Piedra, se dictó la remoción del biodigestor y de los desechos acumulados, acción que deberá concretarse en el mismo plazo.

Por otro lado, una empresa del sector lácteo fue notificada con un plazo de dos meses para cumplir con adecuaciones ambientales, mientras que un proyecto habitacional en el distrito de Macaracas deberá modificar su sistema de tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos, tras detectarse un impacto ambiental relevante.

Estas acciones, señalaron las autoridades, forman parte de un compromiso institucional con la protección del medio ambiente, conforme lo establece la Constitución y la ley, en defensa del ambiente y el bienestar colectivo.

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