Proyecto de amnistía genera rechazo por presuntas violaciones constitucionales

La iniciativa legislativa que propone una amnistía general para delitos políticos continúa encendiendo alarmas en diversos sectores del país. Aunque el proyecto fue rechazado en primera instancia, sigue latente en la Asamblea Nacional gracias a un informe de minoría presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, el cual aún no ha sido sometido a votación.

Carlos Lee, abogado y representante de la sociedad civil, expresó su preocupación ante lo que considera una propuesta “contraria a la Constitución y a los convenios internacionales” suscritos por Panamá. Según Lee, el proyecto representa una amenaza directa a la estabilidad jurídica del país y contraviene principios fundamentales del derecho internacional.

“Este proyecto de ley tiene varias violaciones a los principios constitucionales, empezando por el artículo 4 de la Constitución que señala que Panamá se acoge al derecho internacional. Además, introduce el concepto de amnistía general, inexistente en nuestra legislación”, advirtió Lee.

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El abogado subrayó que, aunque el texto no menciona nombres, los delitos contemplados en la iniciativa apuntan directamente a personas involucradas en escándalos de alto perfil como Odebrecht, Blue Apple y New Business.

“El proyecto busca beneficiar no solo a quienes ya han sido condenados, sino también a quienes estén siendo investigados o puedan serlo en el futuro, creando una normativa que blinda el delito con efectos retroactivos y a futuro”, indicó.

A pesar de las advertencias de juristas y sectores de la sociedad civil, el proyecto cuenta con el respaldo de un bloque de diputados. “El país está secuestrado por la clase política”, denunció Lee. “La democracia panameña está siendo vulnerada por una partidocracia que se aparta de los principios del derecho y del interés ciudadano”.

El proyecto fue presentado por el diputado del PRD, Jairo Salazar, y aunque no incluye beneficiarios explícitos, su redacción abre la puerta para que personas con procesos judiciales activos o sentencias en firme sean absueltas.

Lee recordó que los diputados están obligados a rechazar iniciativas con evidentes vicios de inconstitucionalidad. “La Asamblea no puede ni debe aprobar leyes que violen principios constitucionales o compromisos internacionales. Hacerlo sería una afrenta directa al Estado de Derecho”.

La sociedad civil, por su parte, ha manifestado que no se quedará de brazos cruzados. “Este proyecto es una aberración jurídica y política. El poder es una fiera, se tiene que controlar".

El proyecto aún debe ser discutido en el pleno de la Asamblea Nacional.