Publicar rostros o dirección por deudas en redes sociales podría costar hasta $25 mil en multas

Ciudad de Panamá, Panamá/Publicar información personal de deudores, como su rostro, nombre o monto adeudado en redes sociales, podría acarrear multas de hasta 25 mil dólares, según establece el proyecto de ley 306, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y que busca regular las prácticas de cobranza en Panamá.

La iniciativa, ya aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional, establece que divulgar información financiera de un deudor, ya sea persona natural o jurídica, constituye una violación a la confidencialidad y podrá ser sancionada con multas de hasta 25 mil dólares. El proyecto de ley 306 surge como respuesta a múltiples denuncias por prácticas consideradas abusivas, como el acoso telefónico, el uso de lenguaje intimidatorio y las amenazas fuera de procesos judiciales.

Según explicó la diputada Yamireliz Chong, proponente del proyecto de ley, la normativa no solo regula los horarios de contacto, sino que también establece límites claros sobre la forma en que se debe realizar la gestión de cobro, priorizando un trato digno hacia los usuarios.

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Límites en llamadas, mensajes y contacto con terceros

Chong explicó que, entre los principales cambios, se establece que los cobradores solo podrán realizar un contacto efectivo diario con el deudor, en horarios definidos: de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados hasta las 3:00 p.m.

Además, se prohíbe el contacto con familiares o terceros, salvo en casos excepcionales luego de 60 días sin comunicación, y únicamente para solicitar información de contacto del deudor. También quedan restringidas las visitas a lugares de trabajo o residencias de terceros. La propuesta también busca ordenar la cesión de deudas a agencias de cobro. En adelante, el acreedor original deberá informar al cliente el monto exacto adeudado antes de transferir la cuenta, evitando incrementos desproporcionados por intereses o recargos no justificados.

Esto responde a prácticas en las que deudas iniciales eran adquiridas por terceros y posteriormente cobradas con montos significativamente superiores. La diputada detalló que otro aspecto clave es que las agencias de cobro deberán operar bajo un marco más claro, ya que actualmente existe un vacío legal sobre su funcionamiento.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones a quienes incurran en irregularidades.

El proyecto también establece que los usuarios deberán mantener sus datos actualizados y asumir la responsabilidad de sus obligaciones financieras, promoviendo un equilibrio entre el derecho a cobrar y la protección del consumidor. La iniciativa ahora queda a la espera de la sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino, para su entrada en vigencia.