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La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) llevó a la COP31, que se celebra en Antalya, Turquía, un llamado para que los gobiernos protejan los territorios indígenas y reconozcan el aporte de las comunidades a la conservación ambiental.
La organización considera que la lucha contra el cambio climático debe incluir garantías para quienes defienden los bosques, manglares y océanos, además de recursos económicos que lleguen directamente a las comunidades.
La preocupación se sustenta en cifras de Global Witness, que reportó 149 defensores ambientales asesinados o desaparecidos en Latinoamérica durante 2025. Entre 2012 y 2025, Panamá registró cinco casos.
La AMPB también destacó iniciativas comunitarias de manejo forestal sostenible, agricultura tradicional y conservación de semillas que contribuyen a proteger los ecosistemas de la región.
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Otro de sus reclamos es mejorar el acceso al financiamiento. En 2025, apenas el 7,2% de los fondos movilizados llegó directamente a organizaciones indígenas y comunidades locales, según datos del Forest Tenure Funders Group.
En la conferencia participa Sara Omi Casama, fundadora de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE-Emberá), quien pidió mayor respaldo para las iniciativas indígenas y reconocimiento a su papel en la protección de la biodiversidad.
"Exigimos que la cooperación y las políticas climáticas dejen de ignorar lo que resguardamos: nuestro patrimonio cultural, la biodiversidad y arrecifes clave para el equilibrio del planeta. Proteger estos territorios requiere financiamiento directo y garantías reales para nuestras comunidades", comentó Casama.