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Ciudad de Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió sobre la urgente necesidad de implementar protocolos coordinados para emergencias en infraestructuras estratégicas, tras el incidente registrado el pasado lunes 6 de abril en el puente de las Américas.
En su comunicado dominical “La Voz de Apede”, que lleva la firma de su presidenta, Giulia De Sanctis, el gremio empresarial calificó la explosión de camiones cisterna en el sector de La Boca, que obligó a cerrar el puente de las Américas, como una señal de alerta que el país no puede ignorar. Destacó que la suspensión temporal de esta vía crítica afectó la movilidad de miles de panameños, la actividad comercial y el funcionamiento diario de la capital.
Apede subraya que Panamá, por su naturaleza como hub de conexión, logística y servicios, depende de la operación ininterrumpida de sus activos estratégicos. Cuando un nodo de esta magnitud se ve comprometido, las repercusiones trascienden el ámbito local y generan impactos nacionales e internacionales.
Según el análisis, Apede señala que lo ocurrido mostró un problema serio: no existe un conjunto de reglas claras que explique cómo deben colaborar las entidades públicas y privadas para manejar crisis en infraestructuras esenciales. El esfuerzo desplegado por distintas instituciones durante la emergencia, aunque loable, se vio limitado por la falta de un protocolo predefinido, lo que derivó en demoras operativas e incertidumbre para la ciudadanía.
Frente a esta situación, Apede expresó su apoyo claro a la propuesta del Órgano Ejecutivo de hablar sobre una norma de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales, que la asociación ve como una respuesta técnica y adecuada. La propuesta plantea establecer lineamientos precisos para proteger y garantizar la continuidad operativa de sectores fundamentales como energía, agua, transporte, telecomunicaciones, sistema financiero y salud.
Además, incorpora un enfoque integral de gestión de riesgos que contempla amenazas físicas, cibernéticas y operativas, reflejando las exigencias de un entorno cada vez más digitalizado. La estructura de gobernanza sugerida incluye la creación de un Consejo Estratégico, un Comité Fiscalizador y un Servicio Nacional de Ciberdefensa, diseñados para fomentar una respuesta articulada y evitar acciones aisladas.
El comunicado señala que las reglas deben seguir principios de prevención, coordinación, continuidad operativa y cooperación entre el sector público y privado. Esto se traduce en acciones específicas y responsabilidades que deben establecerse antes de que ocurra un problema.