Cámaras de Turismo de Veraguas y Mariato rechazan reactivación del penal en Coiba; advierten impacto al turismo

Las Cámaras de Turismo de Veraguas y Mariato manifestaron su rechazo a la decisión de reactivar un penal de alta peligrosidad en la isla de Coiba, al considerar que esta medida podría afectar el desarrollo turístico, la conservación ambiental y la imagen internacional de Panamá.

A través de comunicados oficiales, ambos gremios expresaron su preocupación por el traslado de 29 reos de alto perfil hacia esta área protegida, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La Cámara de Turismo de Veraguas calificó la acción como un “atropello” y señaló que la seguridad del país no debe lograrse afectando uno de los principales motores económicos de la provincia, del cual dependen cientos de familias, especialmente en las comunidades costeras.

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El gremio también respaldó la posición del Ministerio de Ambiente, que ha cuestionado la medida por considerar que podría vulnerar normativas ambientales y compromisos internacionales adquiridos por Panamá.

Por su parte, la Cámara de Turismo de Mariato aseguró que la decisión fue tomada sin una consulta previa con las comunidades locales, quienes han protegido durante años los recursos naturales de la zona y dependen del turismo ecológico y sostenible.

Ambas organizaciones destacaron que Coiba se ha consolidado como un destino internacional gracias a su biodiversidad, tranquilidad y valor ecológico, elementos que podrían verse comprometidos con la instalación de una infraestructura penitenciaria.

Los gremios advirtieron que convertir un Patrimonio de la Humanidad en un centro penitenciario podría generar una percepción negativa ante turistas extranjeros, afectar la llegada de visitantes y perjudicar a empresarios, hoteleros y operadores turísticos.

Además, recordaron que la Ley 44 de 2024 establece disposiciones sobre las instalaciones del antiguo penal de Coiba y su administración una vez concluya su uso penitenciario.

Las Cámaras de Turismo solicitaron al Gobierno Nacional revocar la iniciativa, abrir una mesa de diálogo con los actores locales y garantizar la protección del patrimonio natural, así como el desarrollo económico sostenible de la costa pacífica veragüense.