Rainier del Rosario, nuevo presidente del Tribunal de Cuentas: promete reformas para duplicar la recuperación patrimonial
El Tribunal mantiene procesos en curso por montos que superan los $250 millones en presuntas irregularidades.
Panamá/En su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas (TC), magistrado Rainier del Rosario Franco, dejó claro que su administración pondrá en el centro de la agenda la reforma de la Ley 67 de 2008 y el fortalecimiento de la jurisdicción de cuentas, con el objetivo de mejorar la eficacia en la recuperación de fondos públicos.
Del Rosario Franco, quien liderará la entidad durante el período 2025-2026, anunció que su prioridad será impulsar una modificación legal que permita al propio tribunal ejecutar las sentencias que emite, una tarea que actualmente está en manos de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Estamos en condición de comprometernos a que, entregada esta función de recuperación a su juez natural —que es quien emite la sentencia—, podríamos doblar la recuperación en el primer año de aprobación de la normativa”, afirmó.
Recientemente, en una entrevista con TVN-2.com, el actual fiscal de cuentas, Jaime Barroso, indicó que trabaja en conjunto con el Tribunal de Cuentas en una propuesta legislativa que impulse cambios a la jurisdicción de cuentas.
La propuesta, dijo, está bastante avanzada, ya que tomaron como base un proyecto trabajado en la administración pasada. Entre los cambios centrales está que la Fiscalía de Cuentas pueda iniciar investigaciones de oficio, sin depender de las auditorías de la Contraloría General de la República.
Creo que la ley de cuentas, que ya tiene 15 años y que fue hecha a la carrera porque se necesitaba instaurar el Tribunal, dejó por fuera algunas cosas y otras que el tiempo ha ido superando”, dijo.
Aseguró que es “muy importante que se le dé a la Fiscalía de Cuentas la oportunidad de que ellos puedan iniciar un proceso de manera oficiosa". "Nosotros en la actualidad dependemos de una auditoría de la Contraloría y, tal como dice la ley, el proceso se inicia con esa auditoría y los hallazgos que ellos hagan”, acotó.
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El objetivo principal de la Fiscalía de Cuentas es hacer investigaciones de supuestas irregularidades que cometan servidores públicos o agentes de bienes en el manejo de fondos y bienes públicos, que lesionen el patrimonio del Estado.
Un cambio necesario
En tanto, el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas reconoció los esfuerzos de la DGI, pero señaló que su carga operativa y la rigidez del aparato burocrático impiden que la ejecución de sentencias patrimoniales se realice con la eficacia que el país necesita.
La recuperación patrimonial, que debería ser uno de los pilares de la democracia moderna, aún no ha encontrado una solución efectiva en nuestro sistema”, enfatizó en un comunicado.
Del Rosario Franco considera que ha llegado el momento de que la jurisdicción de cuentas “asuma las riendas de su destino” y llamó al equipo del TC a acompañarlo en este proceso transformador. “No vale mirar con nostalgia el tiempo que pasó, sino aplicar las lecciones aprendidas”, dijo.
A Rosario Franco lo acompañarán los magistrados Pablo Chen Vallarino, vicepresidente, y Álvaro Visuetti, como vocal.
Más de $250 millones bajo investigación
Desde su creación, el Tribunal de Cuentas ha recuperado más de 60 millones de dólares en casos de lesiones al patrimonio del Estado. Sin embargo, actualmente mantiene procesos en curso por montos que superan los $250 millones de dólares en presuntas irregularidades.
El Tribunal empezó funciones en 2012, aunque fue creado legalmente mediante la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008. Está conformado por tres magistrados principales, cada uno designado por un órgano distinto del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Su misión es determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos y particulares que manejan fondos del Estado, especialmente en casos donde se presume lesión al patrimonio público. La institución actúa como un tribunal especializado, y sus fallos pueden incluir la devolución de dineros mal utilizados.