Reforma eléctrica: Exministro Aramburú Porras advierte que mejorar el servicio exige invertir en transmisión

Ciudad de Panamá, Panamá/La propuesta de reforma al marco regulatorio del sector eléctrico presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional busca fortalecer la protección de los consumidores, aumentar las obligaciones de las empresas distribuidoras y otorgar mayores facultades a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Sin embargo, para el exdirector del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, la discusión debe ir más allá de las distribuidoras y contemplar también las inversiones necesarias para garantizar la transmisión de energía.

Aramburú consideró que, después de casi 30 años de vigencia de la legislación que reorganizó el sector eléctrico, es razonable revisarla, tomando en cuenta la transformación que ha experimentado la economía y la demanda energética del país.

Explicó que el sistema eléctrico quedó dividido en generación, transmisión y distribución, con participación privada y mixta en generación y distribución, mientras que la transmisión permanece bajo responsabilidad estatal.

Según el economista, la economía panameña se ha quintuplicado en las últimas tres décadas, mientras que la demanda de energía se ha cuadruplicado. En ese período, el sector eléctrico habría realizado inversiones por aproximadamente $13,000 millones, principalmente desde el sector privado.

A su juicio, esa participación fue fundamental para acompañar el crecimiento económico del país.

“El gobierno, la empresa estatal, se lo digo yo que fui director, no hubiera podido acompañar este crecimiento”, sostuvo.

Alerta por la transmisión

Uno de los principales llamados de atención de Aramburú Porras está relacionado con la capacidad de transmisión. Recordó que Panamá ha enfrentado problemas por retrasos en proyectos estratégicos y cuestionó que se continúe postergando la ampliación de la red.

Puso como ejemplo la Línea 3 y explicó que, cuando esta no estuvo disponible a tiempo, la energía generada en Chiriquí no podía ser trasladada hacia el centro del país con suficiente capacidad.

Según Aramburú, esta situación provocó costos millonarios para la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), que tuvo que asumir alrededor de $200 millones en multas debido a compromisos contractuales de empresas generadoras que no podían transportar su energía hacia Panamá.

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Ahora, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Línea 4 también sea pospuesta.

“Si nosotros perdemos la Línea 3, se apaga el país”, advirtió.

Explicó que la Línea 4 debe funcionar como respaldo del sistema y que contar con circuitos adicionales es fundamental para evitar que una falla en una línea provoque interrupciones generalizadas.

Reconoció que ampliar la infraestructura puede tener un impacto en las tarifas, pero calificó como irresponsable postergar las inversiones necesarias únicamente para evitar ese aumento.

Reforma aumenta presión sobre distribuidoras

Sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, Aramburú dijo verlo con buenos ojos, particularmente por las medidas dirigidas a mejorar la calidad del servicio y fortalecer la protección de los consumidores.

La propuesta aumenta de tres a ocho las causales para terminar los contratos de concesión e incorpora obligaciones relacionadas con los programas de inversión, niveles de calidad del servicio y electrificación rural.

También establece que los reclamos de los usuarios deberán ser atendidos en un plazo de 15 días, en lugar de los 30 días actuales.

Uno de los cambios que considera más relevantes es que las multas por incumplimientos relacionados con la calidad del servicio o las inversiones no tendrían efecto suspensivo. Es decir, las empresas tendrían que pagar las sanciones antes de acudir a los tribunales.

La iniciativa contempla multas de hasta $20 millones por infracciones a la legislación o incumplimientos contractuales y otorga a la ASEP nuevas facultades para intervenir a los prestadores del servicio con el propósito de garantizar la continuidad del suministro mientras se corrigen incumplimientos o se desarrollan procesos relacionados con la terminación de contratos.

“La ASEP va a tener garras, va a tener dientes”, afirmó Aramburú.

Electrificación rural también tendrá un costo

Otro de los puntos abordados fue la electrificación rural. Aramburú recordó que actualmente cerca del 95% de la población cuenta con electricidad, mientras que alrededor de un 5%, equivalente a unas 200 mil personas, todavía no recibe el servicio.

Cuestionó el funcionamiento de la oficina estatal encargada de la electrificación rural y consideró positivo que se busque trasladar parte de esa responsabilidad a las empresas distribuidoras.

No obstante, advirtió que el costo de llevar electricidad a comunidades alejadas deberá reconocerse dentro de la estructura tarifaria.

En zonas como la comarca Ngäbe Buglé, explicó, no siempre será viable construir extensas líneas de transmisión, por lo que deberán evaluarse alternativas como sistemas solares o pequeñas plantas de generación.

“Va a tener un impacto en la tarifa, porque ahora, en vez de hacerlo con ese dinero que le salió del Estado, ahora lo van a hacer, va a estar en la tarifa”, señaló.

Más competencia, pero con empresas calificadas

Ante la próxima revisión de las concesiones y la posibilidad de incorporar nuevos competidores, Aramburú planteó que Panamá no debe buscar simplemente aumentar el número de empresas, sino garantizar que las compañías que participen tengan experiencia y capacidad.

La propuesta establece un proceso de precalificación antes de las licitaciones, medida que el exfuncionario considera adecuada, siempre que los criterios sean claros.

A su juicio, las empresas deberían demostrar experiencia en el sector, capacidad financiera y antecedentes favorables en la prestación del servicio.

También alertó sobre la creciente participación de fondos de inversión en el sector eléctrico y consideró necesario evaluar cuidadosamente a los potenciales operadores.

“Yo no diría que queremos cantidad, queremos calidad”, enfatizó.

Advierte sobre riesgo de arbitrajes

Aramburú también pidió cautela con las nuevas causales para cancelar concesiones. Consideró necesario definir con precisión qué constituye un incumplimiento de calidad del servicio.

Advirtió que, si las reglas permiten cancelar un contrato de manera poco clara o discrecional, Panamá podría enfrentar nuevos conflictos legales y arbitrajes internacionales.

“No queremos otro arbitraje, no queremos otro pleito internacional”, afirmó.

Según el economista, el país debe encontrar un equilibrio entre fortalecer al regulador, proteger a los consumidores y garantizar seguridad jurídica para quienes invierten.

Finalmente, señaló que mejorar la calidad del servicio eléctrico tiene un costo y que no es realista esperar simultáneamente electricidad barata y estándares elevados de confiabilidad sin realizar las inversiones correspondientes.