Reforma eléctrica: mala calidad del servicio de luz podría costarle la concesión a las distribuidoras
De acuerdo con la ASEP, el objetivo es que las compañías puedan cubrir la totalidad de su demanda mediante contratos y reduzcan su dependencia del mercado ocasional.
Las empresas distribuidoras de electricidad en Panamá podrían perder sus concesiones si incumplen los indicadores de calidad del servicio, las inversiones requeridas o sus obligaciones de electrificación rural, como parte de los cambios contemplados en la reforma a la Ley 6 del sector eléctrico que se discute en la Asamblea Nacional.
La propuesta también busca incorporar a unas 58 mil familias que actualmente no cuentan con electricidad y establecer nuevas obligaciones para que las distribuidoras extiendan el servicio hacia comunidades ubicadas fuera de sus actuales zonas de concesión.
De acuerdo con la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, el proyecto incorpora cinco causales para la terminación de los contratos de concesión relacionadas con la calidad y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.
Entre estas figuran el incumplimiento de indicadores de calidad, compromisos de electrificación rural e inversiones previamente aprobadas dentro del ingreso máximo permitido.
Rodrigo Rodríguez, secretario nacional de Energía, sostuvo que las deficiencias en el servicio deben generar consecuencias económicas para las compañías. “Tiene que llegarle a la empresa una señal económica, que le cueste la mala calidad del servicio”.
Según el funcionario, actualmente las distribuidoras pueden continuar cobrando la tarifa completa mientras algunos reclamos de los usuarios tardan años en obtener respuesta.
¿Qué pasaría con los reclamos por aparatos dañados?
Otro de los cambios incluidos en la reforma eléctrica establece que las distribuidoras deberán cumplir primero determinadas órdenes emitidas por la ASEP antes de recurrir a los tribunales.
La disposición se aplicaría, específicamente, a los reclamos por aparatos eléctricos dañados debido a fluctuaciones de voltaje y a los créditos derivados de sanciones que deben reflejarse en la factura eléctrica.
Además, el proyecto elevaría a rango legal la figura del interventor de las empresas distribuidoras.
Según la Secretaría Nacional de Energía, cerca del 5% de los hogares del país permanece sin acceso a electricidad, principalmente en zonas que se encuentran fuera de las áreas de concesión y que las empresas consideran poco rentables. La propuesta plantea que la Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría identifiquen las comunidades pendientes, mientras que la ASEP trasladaría a las distribuidoras la obligación de extender el servicio.
Reforma también plantea cambios en la compra de energía
La iniciativa contempla devolver a las distribuidoras la responsabilidad de licitar la compra de energía mediante contratos de largo plazo de 10, 15 y hasta 20 años.
De acuerdo con la ASEP, el objetivo es que las compañías puedan cubrir la totalidad de su demanda mediante contratos y reduzcan su dependencia del mercado ocasional, donde el costo de la energía puede ser mayor.
La administradora de la entidad sostuvo que estas modificaciones, junto con una reducción de un punto en la prima incluida en la tasa de rentabilidad de las distribuidoras, podrían contribuir a disminuir las tarifas. No obstante, reconoció que el precio de la electricidad también depende de variables como el costo del combustible.