Reformas al sistema penitenciario entra en su fase final en busca de reducir costos y fortalecer la reinserción

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de reforma al sistema penitenciario se encuentra actualmente en revisión legal y en su etapa final de consolidación, confirmó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. La iniciativa permanece a la espera de los aportes finales del Ministerio Público y del Órgano Judicial, los cuales, según lo previsto, deberán ser remitidos el próximo 12 de enero.

La titular de Gobierno indicó que la meta es culminar el proceso en los primeros días de febrero, para proceder con la presentación oficial de la propuesta. La reforma busca redefinir el rol del sistema penitenciario, fortalecer la custodia, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad, así como establecer mecanismos que permitan reducir los elevados costos que actualmente asume el Estado para el mantenimiento de las cárceles del país.

La ministra reiteró que la reforma apunta a convertir las cárceles en espacios productivos, donde los privados de libertad puedan estudiar, trabajar y generar ingresos, contribuyendo incluso al pago de pensiones alimenticias y reduciendo la carga económica del Estado.

Actualmente, el costo mensual de alimentación en los centros penitenciarios oscila entre 4 y 5 millones de dólares, una cifra que el Gobierno busca disminuir mediante esquemas de autogestión, bajo estrictos mecanismos de fiscalización y transparencia. Para Montalvo, la reforma al sistema penitenciario es una necesidad impostergable, no solo para mejorar la seguridad y las condiciones de reclusión, sino también para avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

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Cambios en la justicia comunitaria

El inicio de 2026 también ha estado marcado por la implementación de cambios en la justicia comunitaria, luego de que los juzgados de paz pasaran de los municipios al Ministerio de Gobierno, tras la entrada en vigencia de la Ley 467. Según Montalvo, la prioridad ha sido “poner orden donde había desorden”, organizando una estructura que permita una atención efectiva de los conflictos comunitarios.

Entre los ajustes más relevantes, destacó que los jueces comunitarios ahora se encuentran integrados en el sistema de marcación y deberán cumplir con sus horarios, una medida que busca evitar el cierre de casas de paz y garantizar la atención ciudadana. Además, se reforzaron los controles sobre la trazabilidad de las multas y el manejo de los fondos, ante quejas recurrentes de la población sobre pagos que no quedaban debidamente registrados.

Otro de los ejes centrales de la reforma a la justicia comunitaria es la fiscalización del cumplimiento de los plazos legales, sin interferir en la toma de decisiones judiciales. Asimismo, se trabaja para que los jueces comunitarios cuenten con formación legal, priorizando perfiles de abogados o personas con conocimientos mínimos en procedimientos jurídicos, lo que, según Montalvo, tendrá un impacto directo en la calidad de las resoluciones.

Aunque algunos jueces de paz han advertido sobre la necesidad de mayores recursos, la ministra aclaró que el presupuesto de la justicia comunitaria se mantiene, con un costo anual aproximado de 38 millones de dólares, ahora centralizados bajo la administración del Ministerio de Gobierno, lo que permite mayor control y uniformidad en su uso.

El caso Arraiján y los expedientes

Montalvo también se refirió a la situación registrada en Arraiján, donde el cierre de algunas casas de paz generó preocupación por el manejo de expedientes. Aseguró que no se puede cerrar una institución que ya no pertenece a los municipios, y confirmó que el caso se encuentra en el Ministerio Público para que investigue cualquier posible irregularidad en la custodia de los archivos.

Pese a los contratiempos, indicó que la mayoría de los 487 juzgados comunitarios del país se mantienen operativos, incluso en condiciones limitadas, mientras se completa el proceso de transición.