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De Saint Malo pagará su pena 1 día a la semana, críticos señalan impunidad

Reacciones por decisión de trabajo comunitario para Raúl De Saint Malo
Elizabeth González
03 de octubre 2019 - 20:18

Sensación de impunidad dejó la decisión de que a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, se le conmutara la pena por trabajo comunitario un día a la semana.

De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta de la República, debía pagar una condena de 5 años o 60 meses de prisión por blanqueo de capitales en el Caso Odebrecht.

Pero el miércoles, la juez Irma Arosemena aceptó que, en vez de ir a la cárcel, haga trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón. Pero resulta que De Saint Malo sólo trabajará los viernes, de 8 a 4 de la tarde, hasta que haga el total de 960 días.

El abogado Ernesto Cedeño dice que lo ocurrido no es culpa de la juez, sino del acuerdo con el Ministerio Público.

“Cae mal porque la ciudadanía cree que no hay certeza del castigo y hay impunidad. Una persona que devolvió el dinero, que aceptó, y va a trabajar un día a la semana por 8 horas porque el sistema lo permite por virtud del acuerdo de pena que promulgó el Ministerio Público”, señaló Cedeño.

Ante la lluvia de críticas, se le preguntó al Ministerio Público si apelará. La respuesta es que lo analiza. Hay quienes aseguran que la decisión riñe con el Artículo 509 del Código Procesal Penal, que exceptúa de la conmutación de pena, entre otros, a los casos de blanqueo de capitales. Pero esto sólo aplicaría para quienes están en la cárcel. De Saint Malo nunca lo estuvo porque hizo un acuerdo.

“El señor De Saint Malo nunca pisó la cárcel. Procesalmente no se le aplica el Código Procesal Penal 509, sino el artículo 65 del Código Penal que permite el trabajo comunitario porque su sentencia es abajo de 5 años de prisión”, añadió Cedeño.

“Aquí lo que hay que determinar es si las reglas son insuficientes para tener a la población con la seguridad que el castigo involucra una pena de prisión”, manifestó el abogado, Juan Carlos Araúz.

Los acuerdos han sido rechazados por la opinión pública en casos de delitos sexuales contra menores de edad. Ahora también se propone en los casos de corrupción.