Registro Público de Ofensores Sexuales: Yard reconoce que 'era una deuda del país' ¿Cómo se utiliza la herramienta?

Ciudad de Panamá/La sanción del presidente José Raúl Mulino a la ley que modifica la Ley 244 de 2021 permitirá que Panamá cuente por primera vez con un Registro Oficial de Ofensores Sexuales de acceso público, una herramienta que, según la abogada Suky Yard, representa un avance esperado por años y una respuesta necesaria para fortalecer la prevención de delitos sexuales en el país, los cuales han registrado un aumento, según cifras oficiales.

Yard, quien ha impulsado por años diferentes leyes en materia de derechos de la niñez y protección de las mujeres, calificó esta actualización normativa como un paso indispensable, al recordar que la ley principal creaba el registro, pero mantenía la información en reserva, limitando así su utilidad preventiva. La especialista consideró que el país tenía una deuda en esta materia y que la nueva norma se enfoca en proteger a los menores de edad y a la población en general. “Creo que era una deuda que teníamos en nuestro país”, afirmó, al destacar que el objetivo central es anticipar riesgos y no reaccionar cuando ya existen víctimas.

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La modificación a la ley permitirá que los ciudadanos consulten información de personas formalmente condenadas por delitos sexuales contra menores, trata de personas u otros hechos con alto reproche social.

Yard subrayó que solo aparecerán en la lista quienes hayan sido declarados culpables mediante un juicio oral o a través de acuerdos de pena. Enfatizó que esto es crucial para evitar confusiones entre denuncias en investigación y condenas firmes, recordando casos como el de Aderlyn Llerena, donde la falta de acceso temprano a esa información evidenció graves riesgos para menores y familias.

Según explicó, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) será la entidad responsable de administrar la plataforma donde se alojará este registro y también de emitir el certificado de no ofensor sexual, un documento que será obligatorio para quienes aspiren a trabajar en entornos donde haya menores de edad. Esto incluye docentes, conductores de transporte escolar y personal de centros infantiles, entre otros.

"Hay informes científicos que determinan que el que es pedófilo o el que es pederasta, entendiendo que son dos conductas totalmente diferentes, no tienda a tener una resocialización y que son conductas que van a seguir cometiendo y la prueba de esto, el caso más acertado es el que tú acabas de mencionar, el caso de Aderlyn , en donde este señor fue condenado también por haber abusado sexualmente de una menor de edad y eso, las que conocemos, las que se pudieron denunciar a tiempo", alertó la defensora.

Yard recalcó que los directores de escuelas y las instituciones públicas tienen la obligación de verificar estos antecedentes antes de contratar. Afirmó que los funcionarios también pueden ser sancionados por permitir, por acción u omisión, el ingreso de personas condenadas por delitos sexuales a espacios donde hay población vulnerable.

Sobre la información disponible en el registro, la abogada explicó que incluirá nombre, número de cédula, delito por el cual la persona fue condenada y la pena impuesta, pero no datos de domicilio ni características físicas, una decisión que busca equilibrar la prevención con la protección de otros derechos constitucionales.

La especialista también advirtió que, aunque el registro será público, su uso indebido puede acarrear consecuencias legales. Destacó que la plataforma es un recurso del Estado y no debe ser utilizada para difamación o venganzas personales. En sus palabras: “Si yo tomo una información que es recurso del Estado para dañar la honra y la integridad de otra persona, la persona afectada puede acceder a la instancia correspondiente.”

Yard señaló que la prevención debe ser el eje central de la herramienta, evitando interpretaciones que fomenten el estigma o la persecución más allá de lo que establece la ley. Además, mencionó que la normativa actual se centra en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, aunque considera que en el futuro podría evaluarse la inclusión de ofensores que hayan agredido a personas adultas.

Otro reto, aseguró, está en el cruce de información con otros países, especialmente cuando se detectan ofensores sexuales extranjeros en territorio panameño. Explicó que Panamá debe reforzar sus mecanismos de comunicación internacional para rastrear si estas personas tuvieron contacto con menores o cometieron delitos en su paso por el país, ya que la responsabilidad penal se extiende también a quienes delinquen en territorio nacional.