Solís pide mantener a la Contraloría fuera de la política ante eliminación de gastos de movilización
El contralor general de la República, Gerardo Solís, se refirió a la eliminación de los gastos de movilización para alcaldes y representantes y dijo que no es solo un cambio de nombre al referirse a los gastos de imprevisto que ahora podrán utilizar los alcaldes y representantes.
"Los alcaldes y representantes usan ese fondo para beneficio de la comunidad. Que unos le quieran llamar de una manera otros de otra que los quieren atacar o defender políticamente... no me toca a mi", manifestó Solís, al tiempo que pidió mantener la política fuera de la Contraloría.
Reiteró que las autoridades locales deben rendir cuenta detallada de cómo usan los fondos y cuando le rinden cuentas se analiza, se les capacita y la comunidad va a salir beneficiada.
Remarcó que la Contraloría está hecha para corregir lo que está hecho incorrectamente.
Costos en las obras del Estado
La Contraloría General de la República realizó el lanzamiento de la Base de Datos de Costo Directos en su página web www.contraloria.gob.pa, la que se implementará para el análisis de los costos en las obras del Estado.
La aplicación la presentó el Contralor Gerardo Solís a invitados especiales del sector público y privado y a los medios de comunicación. La estructuró la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría, para garantizar a la ciudadanía un costo justo y razonable en las obras del Estado como se comprometió el Contralor Solís desde el inicio de su administración.
La base de datos del Departamento de Análisis de Costo cuenta con más de 8 mil 600 actividades cuyos valores forman parte del Programa de Homologación de Costos Interinstitucional al cual se han sumado unas 26 entidades gubernamentales.
Las fuentes para la actualización permanente de los valores serán el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría y la Convención Colectiva Capac-Suntracs.
Para el manejo adecuado de la aplicación se organizaron cuatro rondas de capacitación dirigidas a unos 114 funcionarios entre fiscalizadores de obras y funcionarios de entidades ejecutoras.
Con información de Luis Alberto Jiménez
