Urge una reforma legislativa para proteger 'verdaderamente' a los menores, afirmó la abogada Edna Jaramillo
Con relación al intento de rapto de una niña en Tocumen, Jaramillo insistió en la necesidad de atención psicológica para la menor y su familia, señalando el impacto emocional que puede causar una experiencia de este tipo.
Ciudad de Panamá/La abogada Edna Jaramillo, especialista en derecho de familia y del menor, se pronunció en entrevista con Noticias AM sobre el caso de una niña de 10 años que fue víctima de un presunto intento de rapto a las afueras de un minisúper en el sector de Buena Vista de Tocumen.
Según la denuncia presentada por la madre de la menor, una mujer abordó a la niña con intenciones sospechosas, ofreciéndole llevarla a casa. Cámaras de seguridad captaron cómo la mujer la sigue, mientras un vehículo se moviliza estratégicamente por la zona. La niña logró regresar a salvo gracias a su reacción y advertencias previas de sus padres.
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A pesar de las pruebas audiovisuales y testimonios que implican a al menos tres personas, los sospechosos recibieron medidas cautelares en lugar de detención preventiva. La jueza a cargo ordenó notificación periódica y restricción de acercamiento a la víctima, pero esto ha generado una fuerte reacción pública.
“Si no hubiese habido cámaras, esta historia sería otra”, advirtió Jaramillo, quien también estuvo en directora de Protección a Víctimas del Ministerio Público. “No solo se trató de un intento de llevarse a la niña; hubo seguimiento, abordaje, toma de fotografías e incluso una aparente coordinación con otras personas dentro del vehículo”.
La jurista cuestionó la legislación actual, que establece penas de uno a tres años de prisión por el delito de privación de libertad, incluso en casos que involucran menores. “Estamos hablando de una tentativa que pudo haber terminado en algo mucho peor. La norma es laxa y no refleja la gravedad del hecho. Urge una reforma legislativa profunda para proteger verdaderamente a nuestros niños”, sentenció.
Además, Jaramillo insistió en la necesidad de atención psicológica para la menor y su familia, señalando el impacto emocional que puede causar una experiencia de este tipo: “No basta con medidas cautelares; la niña debe sentirse segura de volver a salir sin temor”.
El proceso judicial continúa, pero la indignación social crece. Organizaciones, juristas y ciudadanos piden mayor firmeza del sistema judicial en casos que involucran a menores de edad y posibles redes delictivas.