Contrato, auditoría a Panama Ports Company y las presiones de EEUU en el radar

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la auditoría a Panama Ports Company (PPC) sigue generando reacciones y este domingo 13 de abril, los panelistas analizaron el tema, el impacto de la operación portuaria en el país y las presiones del gobierno de Donald Trump.

"En el 2017 procedimos a solicitar los estados financieros tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como a Panama Ports… Me negaron la información y tengo que accionar a través de un habeas data; la Corte entonces obliga a entregarme los estados financieros”, dijo el abogado Pedro Meilán sobre su demanda contra el contrato de PPC.

Por su parte, el exdiputado y presidente de Vamos, Juan Diego Vásquez, dijo que cuando se decidió privatizar y dar en concesión todas estas operaciones, se dejó al Estado “en una posición débil, pobre”.

“Recibimos bicoca por lo que es nuestro privilegio geográfico, logístico, económico, marítimo”, destacó.

“Desde el 2019 al 2024, Panama Ports Company ha crecido en 26%; mucho de eso tiene que ver justamente por la inversión en la ampliación y todo lo que ha hecho el Canal”, señaló Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal.

“Si aquí se encuentran suficientes evidencias para cancelar ese contrato, entonces Panamá debe anunciar una nueva concesión”, apuntó Quijano.

En tanto, Meilán indicó que hay dos auditorías diametralmente opuestas.

¿Cuál de los dos dice la verdad? Si la auditoría de Solís es una auditoría que tiene hechos falsos, o documentos falsos, o análisis falsos, entonces primero la investigación cae sobre eso y segundo, Panamá tiene que tomar una decisión contra el contrato”, puntualizó Meilán.

“Creo que tenemos la oportunidad legal para que aquellas personas que tomaron una decisión y emitieron un acto administrativo tengan que responder. Quienes decidieron esa prórroga automática tienen que sentarse en el banquillo de los acusados, comenzando, por supuesto, con Gerardo Solís”, manifestó Vásquez.

El exdiputado adelantó que “hay una demanda en la Corte que avanza a buen paso, que puede tirar abajo el contrato como pasó hace unos años con la mina. Aquí tenemos una empresa que a lo que se dedica no es a operar un puerto, es ver cómo a través de subcontratos genera riqueza y le da al país nada”.

PPC responde

En representación de PPC, Alejandro Kouruklis dijo que hace 30 años en Panamá no había movimientos de contenedores… era un gran reto tener un desarrollo portuario que, al día de hoy, por ejemplo, el año pasado se manejaron 8 millones de contenedores”.

“Somos la única terminal portuaria que se sometió a una licitación pública para obtener la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal”, puntualizó.

Agregó que “la obligación de hacer la inversión era hasta mil millones; para el año 2020 ya estaba la inversión superando los $1,600 millones, ahora mismo en 2025 estamos en $1,800 millones. Nosotros tenemos todas las pruebas de que esa inversión se hizo”.

“El contralor no estaba presente en la auditoría del 2020 que demoró más de cuatro meses; esa auditoría tiene un informe final que es claro, definitivo y concluyente; esa auditoría dice que se cumplieron con las obligaciones del contrato, que se hizo la inversión y que la empresa cooperó”, dijo Kouruklis.

Según el representante de PPC, “el contrato de concesión de Panama Ports claramente establece que la prórroga es automática; no depende de ningún refrendo de ningún funcionario; el contralor Solís lo aclaró públicamente”.

“Tal como lo dijo el presidente Mulino, los puertos pertenecen a Panamá, no pertenecen a la empresa; lo que se busca con estas concesiones es la modernización de los puertos; toda esta inversión que se ha hecho le pertenece a la República de Panamá sin costo alguno”, sentenció.

“Somos una compañía privada; Hutchison PPC es parte del grupo CK Hutchison que administra puertos y concesiones en México, Bahamas, Europa, Asia y África. En todos estos países se maneja por su conocimiento en cómo modernizar y administrar puertos, y en ninguno tiene que ver con políticas de países”, indicó.

Puertos y situación con Estados Unidos

El expresidente Ernesto Pérez Balladares explicó que “los puertos estaban en condiciones precarias y necesitaban inversiones que el Estado no podía llevar adelante. ¿Qué se decidió? Hacer una licitación internacional para concesionar el manejo de los puertos”.

Explicó que el contrato original señalaba que se daba un pago fijo de $22 millones al año revisables cada cinco años, más el 10% de ingresos brutos, no de las ganancias y que Panamá tenía el 10% de la empresa”.

“Crearon empresas satélites para pasarles el manejo de contenedores en puertos y a ellos les pagaban sumas exorbitantes, de manera que se reducían como gastos de ingresos… El contrato que cambiaron establecía que era el 10% de ganancias, no de ingresos brutos; al final no había ganancias porque se lo habían repartido en el camino”, manifestó el expresidente.

En cuanto a la situación con Estados Unidos, el presidente Donald Trump y las críticas generadas por el memorándum firmado con Panamá, Pérez Balladares dijo que “los intereses de Panamá primero por encima de ninguna presión o interés de otro país. No podemos demostrar cobardía, flexibilidad ni ser genuflexos frente a un bullying como el que tiene el presidente de los Estados Unidos”.

“El señor Trump se ha caracterizado por basar sus políticas en mentiras… y sobre esas mentiras exige que se actúe; nosotros no podemos entrar en ese juego”, recalcó el exmandatario panameño.

“Aprovechando que tenemos 25 años de la operación del Canal podemos convocar fuerzas amigas que usan el Canal para explicar la realidad, la verdad y pedir su apoyo”, puntualizó.