Empeora crisis institucional por discordia entre entidades estatales

Las diferencias entre los órganos Ejecutivo y Legislativo tomó un nuevo giro esta semana, profundizando aún más la crisis de institucionalidad en el país. El tema fue analizado este domingo 20 de mayo por un panel de expertos en el programa Radar.

Una ciudadanía que reclama justicia se llenó de decepción esta semana con el veto parcial del presidente de la República, Juan Carlos Varela, al proyecto de Ley 514, que busca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

A esto se suman los cuestionamientos contra la Asamblea Nacional por el uso de la planilla 080 de contratos por servicios profesionales y por presentar un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para impedir las auditorías de la Contraloría General de la República, que ha sido criticada por el manejo del caso.

Para el excanciller y analista político, Jorge Eduardo Ritter, las revelaciones desde el Legislativo es un tema que debe ocupar a la ciudadanía porque “la lucha será cada vez más encarnizada”, hasta el 1 de julio cuando se definan las nuevas autoridades de ese órgano del Estado.

“Independientemente de la denominación que tengan las auditorías, ha habido desde el inicio un ocultamiento de las faltas, si así puede llamársele, que había en la Asamblea, (...) no se había divulgado hasta ahora. Lo supimos porque las dos magistradas no fueron ratificadas. Y ahora nos comenzamos a preguntar, ¿qué hubiera pasado si las hubieran ratificado? A lo mejor nadie habría oído hablar de la planilla 080”, comentó Ritter.

Por su parte el excontralor José Chen Barría consideró que los panameños no pueden permitir que la Contraloría General de la República, un ente dedicado a salvaguardar constitucionalmente los recursos del Estado, “se preste -por cualquiera que sean las razones- a que sea instrumento político de cualquier gobierno”.

“La percepción general es que la Contraloría, en este caso, oculta o trata de ser un instrumento político. Si es cierto o no, lo que me preocupa y debería preocuparnos a todos es que en el pasado muchísimos gobiernos utilizaron a la Dirección General de ingresos (DGI) como instrumento de presión política y de investigación”, expresó.

El aspirante a la Presidencia de la República por la libre postulación, Ricardo Lombana, criticó que diputados hayan presentado al país “una discusión de tecnicismos”, cuando las evidencias son de conocimiento público. “Nos han atracado con la complicidad del Ejecutivo, de quien elabora el Presupuesto General del Estado, con la complicidad de la decisión política del Ejecutivo, con los diputados y con una Corte Suprema de Justicia que no los investiga”, dijo Lombana en Radar.

“Es importante seguir recalcando a la ciudadanía que no podemos enfilar todos los cañones a la Asamblea Nacional. El queso se lo comieron pero el queso está puesto en la mesa por el Órgano Ejecutivo, por una decisión política. Una decisión política que se la vende al país como búsqueda de consensos”.

Roberto Brenes, economista y miembro de la Fundación Libertad, cuestionó la inspección previa de la Contraloría en este caso. “¿Dónde está el control previo de la Controlaría en todas estas cuentas? Los parientes de los legisladores estaban en las planillas”, apuntó Brenes, quien señaló los escándalos no se conocieran de no ser por la lucha de poderes durante la ratificación de las magistradas en enero pasado.

“Se rompió la luna de miel y creo que se rompió para bien de los panameños”, agregó.

Veto al proyecto de Ley 514

La noticia del veto parcial al proyecto de Ley 514 se conoció esta semana con la ausencia del presidente Juan Carlos Varela, quien se encontraba en Reino Unido e Israel por gira oficial.

El Movimiento Independiente (Movin) fue una de las fuerzas de la sociedad civil que promovió y participó en la discusión del documento en la Asamblea Nacional. Horacio Icaza, en representación de la agrupación, detalló en Radar que la iniciativa legislativa tiene como fin extender los periodos de prescripción de los delitos contra la administración pública “para facilitar las investigaciones al Ministerio Público”.

Los diputados introdujeron dos cambios en el proyecto que permiten la inhabilitación de las empresas condenadas por actos corruptos. Icaza recordó que este asunto fue abordado durante la discusión de la ley de Contratación Pública que “se debilitó una y otra vez”.

“Solamente dice que son inhabilitadas las empresas que son condenadas por un tribunal panameño, o sea, ninguna. Por lo menos en el futuro cercano”, expresó Icaza, quien señaló que dicha ley contempla la sanción a empresas licitantes que entregan tarde, incompleto y con deficiencias.

“Estamos hablando el contraste entre castigar una empresa que entrega tarde, incompleta o con deficiencias a una que nos roba cientos de millones de dólares una y otra vez y que su modelo de negocio fue constituido para prostituir funcionarios públicos y robarnos a todos los latinoamericanos”, reclamó.

“Esas inhabilitaciones existen y si están aquí para ese tipo de problemas, ¿por qué no están las inhabilitaciones para cuando nos roban consistentemente 10 mil millones de dólares de contratos? Eso es lo lamentable”, añadió.

El miembro de Movin cuestionó la falta de “voluntad política” por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, en la recuperación de la institucionalidad y en la lucha contra la corrupción.

“La recuperación de la institucionalidad, que era en cierta manera el fundamento de la campaña de Juan Carlos Varela, se dejó a un lado rápidamente en los primeros días de gobierno. (...) Lo que se hizo fue un pacto de gobernabilidad que es un ‘concubinato de intereses’”, añadió.

Para el abogado Felipe Alfaro Boyd, el mandatario creó “más frustración” entre la juventud al vetar al proyecto de Ley 514. De acuerdo con Alfaro, el informe de objeción a la iniciativa “retrata de cuerpo entero los últimos cuatro años de este gobierno donde no ha habido liderazgo, no ha habido voluntad y ha habido intenciones escondidas”.

“Pareciera ser que lo que buscaba y lo que busca es la manera de proteger a las empresas y estos empresarios, premiándolos no solo con unas penas reducidas o sanciones monetarias con la delación premiada sino con más contratos”, manifestó el abogado.

Una salida a la crisis

Los panelistas coincidieron que Panamá requiere con urgencia la reconstrucción del sistema tomado por la corrupción y en que los partidos políticos buscan escudarse. Con este panorama sombrío, el presidente de la República pone sobre la mesa una convocatoria a constituyente como una posible salida a la crisis.

Varios de los invitados señalaron que el país experimenta un momento “delicado institucionalmente”, para someterse a este proceso.

“No puedo comprender cómo el presidente (Juan Carlos Varela) le puede decir al país hace tres años que no era el momento propicio y hoy sí puede serlo cuando no ha habido momento más delicado institucionalmente”, expresó Lombana.

El aspirante a la presidencia por la libre postulación acotó que las posibles avenidas de solución “tienen que ser colectivas”. “Cuando hablamos de soluciones colectivas, estamos hablando de los distintos liderazgos en el país. Este no es un asunto de los que participan en política. Este es un asunto de liderazgos gremiales, empresariales, de liderazgo de grupos de profesionales”, destacó.

“El país está secuestrado. Sus instituciones están secuestradas, no de este gobierno sino de hace tiempo. No todos los políticos son malos, no todos los partidos hay que desecharlos. Hay que reconstruir la fibra política y moral de este país”, señaló Horacio Icaza durante el debate.

Mientras que para el excontralor Chen Barría, el desenlace en 2019 será “más de lo mismo”. “Concluimos en que necesitamos un nuevo pacto social y el escenario inmediato para el año 2019 nos indica que no va a haber ni nuevos actores, ni nuevas estructuras ni nuevos liderazgos que nos garanticen una transformación. Probablemente, estaremos haciendo más de lo mismo”, sentenció.