Lodazal de corrupción, listas negras y controversia en la ACP

Los escándalos de corrupción y la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea fueron los temas a debatir este domingo en Radar.

Entre el lodazal de corrupción y el miasma de una justicia en tela de duda, se aproxima el momento en que el presidente de la República Juan Carlos Varela elija a dos nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La decisión será crucial para el futuro del país y recaerá por completo en el criterio de Varela. Sin embargo, el propio Varela se encuentra envuelto en múltiples controversias. Entre ellas el financiamiento de Odebrecht a su campaña y los dudosos 40 millones de dólares del caso Blue Apple.

“Ha habido un silencio de parte del presidente. Ha admitido que el partido, o el proyecto público, recibió fondos de Odebrecht”, denunció Eloy Alfaro, abogado y exdirectivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

“Si se inicia o no una investigación dependerá de la Asamblea”, apuntó por su parte el también abogado Ramón Ricardo Arias. “Sería engañarnos pensar que un proceso que inicie la Asamblea va a ser un proceso judicial y que vamos a estar administrando justicia. Un proceso ante la Asamblea es eminentemente un proceso político”, advirtió.

Lo que se pide es conocer quién recibió dinero y cuánto. Pero sobre todo, que se devuelva a las arcas del Estado y que se administre justicia a los responsables.

Para el vocero presidencial, Jorge Luis González, el gobierno de Varela ha actuado “desde el día uno”. Defendió la respuesta ante el caso Odebrecht, así como a los cuestionamientos contra el Partido Panameñista.

“Estamos dispuestos a contribuir con la justicia, a entregar toda la documentación que sea necesaria y que se investigue hasta las últimas consecuencias a nuestro partido”, manifestó.

González apuntó que Odebrecht fue vetado de licitaciones públicas y que se le canceló la concesión de Chan II. En un acto de contabilidad creativa, estimó que Odebrecht se habría quedado sin unos 6,500 millones de dólares por todas las obras en las que no pudo participar (asumiendo que hubiera ganado todas las licitaciones).

El excontralor Jorge Eduardo Ritter respondió a las proyecciones de González con un sencillo cuestionamiento. ¿Por qué el gobierno de Juan Carlos Varela siguió otorgando mega proyectos como la Renovación de Colón y la Línea 2 del Metro de Panamá meses después que Marcelo Odebrecht se encontrara preso en Brasil?

“No es serio decir que, como 1 año y meses después (del escándalo) el presidente dijo que no va a dar contratos, ahora no tiene nada que ver (con Odebrecht)”, reclamó Ritter.

Para Arias, fue una decisión consciente de Varela para asegurar proyectos claves de su administración.

Ante esto, González destacó que se exigió la culminación de los proyectos pendientes y se veló por los empleos de los panameños y panameñas.

Roberto Brenes, de la Fundación Libertad, recordó los llamados a Contraloría y Presidencia para que se suspendieran las obras. También cuestionó la actuación del mandatario en el caso Blue Apple.

“¿Cómo sale a decir que él sabía de los 40 millones de dólares de sobrecostos y que había pedido que lo pusieran en las escuelas? Se hizo juez y parte, decidió que no es un delito, que se lo den a una escuela y no cayó a la justicia hasta que alguien sapeó el tema”, declaró Brenes.

“El país no necesita más zozobra, necesita explicaciones”, señaló por su parte Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). “Tenemos que ver cómo hacemos para que esto no se repita”, enfatizó.

“Tenemos ladrones del primer mundo, un sistema judicial del tercer mundo y políticos del submundo”, reflexionó Brenes.

La ACP

Dos miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá, Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, son buscados por la Policía Internacional (Interpol) con relación al caso New Business. Cada día son más las voces que claman por su renuncia. Incluso el presidente Varela ha dicho que evalúa la situación.

Sin embargo, aunque el panel coincidió en el daño y peligro que esta situación representa para el Canal de Panamá, también recordaron que no es facultad del Ejecutivo remover a miembros de la Junta Directiva de la vía interoceánica.

Alfaro, exdirectivo de esta prestigiosa institución, afirmó que crearía un peligroso precedente si un mandatario exigiera la renuncia de un directivo. Quizás abriendo la puerta en un futuro para una mayor injerencia de este Órgano del Estado en una institución que se precia de su autonomía.

Lista Negra

La inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea ha causado indignación y repudio por parte de múltiples sectores de la sociedad. Un grupo de invitados fue llamado a opinar sobre el tema en Radar.

“La estrategia erró desde el momento que pensaron que esto podía arreglarse de una manera diplomática”, declaró Raúl Molina, de la Fundación Libertad.

Molina opina que la situación era inevitable y sugiere que se debió tomar un enfoque como el de Bahréin, ignorando las recomendaciones de las potencias del G20 y la OCDE, concentrándose solamente en ser “competitivos”.

“Debemos tomar nuestras decisiones no en base a la Unión Europea, sino en base a los intereses soberanos de Panamá”, concluyó.

Eduardo Cedeño, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), discrepó de esta postura.

“No creo que fuera una batalla perdida desde el comienzo. Cumplimos tanto en tiempo como en forma”, aseguró Cedeño. “La decisión es arbitraria, injusta y discriminatoria”, acotó.

Cedeño detalló los requerimientos de la Unión Europea: transparencia, medidas para evitar la erosión de la base impositiva y eliminar el “régimen call center”. Es en este último punto donde reveló que Panamá no cumple con lo esperado por los europeos, aunque enfatizó que se han hecho acercamientos para llegar a un acuerdo.

El “régimen call center” hace referencia a la facilidad de crear empresas y sociedades bajo la jurisdicción panameña que no realizan una actividad comercial real. En otras palabras, sociedades pantalla.