El país donde las víctimas de pornovenganza pueden ir a la cárcel

Compartir imágenes o videos sexualmente explícitos sin el consentimiento de la persona que aparece en ellos se conoce como pornovenganza o pornografía de venganza. En varios países se considera un delito y las víctimas pueden acudir a las autoridades.

En Panamá, el diputado Fernando Arce presentó en enero pasado una iniciativa para agregar el artículo 181-A al Código Penal para sancionar a las personas que resulten responsables de cometer este tipo de delitos.

“ Quien sin consentimiento del sujeto pasivo comparta, divulgue o reproduzca por cualquier medio de difusión, analógico o digital, o a través de internet, registros documentales como imágenes, audios y/o videos íntimos, de contenido sexual o erótico, obtenidos con o sin la anuencia del mismo, será sancionado con prisión de cinco a ocho años”, destaca el artículo 181-A en el anteproyecto de ley.

En caso de ser una mujer la víctima, el o los responsables podrán ser sancionados con hasta 10 años de cárcel.

Pero en Indonesia, las víctimas a menudo evitan informar a las autoridades cuando les ocurre porque la severa Ley de Pornografía y la Ley de Transacciones de Información Electrónica del país no distingue entre culpables y víctimas.

En 2019, una mujer que apareció en un video sexual privado compartido sin su consentimiento fue sentenciada a tres años de cárcel. Posteriormente se rechazó el recurso de apelación presentado contra el fallo.

Las víctimas de pornovenganza a menudo sienten que no tienen a nadie a quien acudir en busca de apoyo.

Indonesia es un país predominantemente musulmán y existe un estigma y un tabú social en torno a la sexualidad y el sexo antes del matrimonio.

La ley no distingue entre culpables y víctimas

La Ley de Pornografía de Indonesia prohíbe a una persona "deliberadamente, o con su consentimiento, convertirse en objeto o modelo de contenido pornográfico".

También establece que "toda persona tiene prohibido producir, fabricar, reproducir, duplicar, distribuir, difundir, importar, exportar, ofrecer, comerciar, alquilar o proporcionar pornografía".

Las personas que aparecen en videos sexuales filtrados, incluso si solo fueron hechos para uso privado, pueden ser castigadas por la ley.

Las parejas abusivas y vengativas acaban saliéndose con la suya porque el tema es un tabú y las víctimas temen ser criminalizadas, dicen las activistas por los derechos de las mujeres.

La historia de una víctima

Bethari, de 24 años, había estado saliendo con un hombre durante cinco años sin decírselo a sus padres o amigos cuando se convirtió en víctima de pornovenganza.

La relación comenzó como muchas otras, conoció a su exnovio cuando estaban en la secundaria, tenían amigos en común, él parecía generoso, leal y muy atento.

Después de cuatro años de citas, su comportamiento cambió.

"No me dejaba ver a mis amigos, me llamaba hasta 50 veces al día para ver cómo estaba", dice Bethari.

Un día, llegó inesperadamente al campus universitario y comenzó a gritarle y amenazar con compartir sus fotos íntimas.

"Me llamó 'perra', 'barata' y 'prostituta'", dice.

"En otra ocasión, estando con él en el auto, mencioné la posibilidad de romper y comenzó a estrangularme".

La relación se había vuelto cada vez más abusiva, y cuando Bethari, trató de ponerle fin, su ahora expareja publicó imágenes sexuales privadas de ella en las redes sociales.

"Dudo que acuda nunca a la policía porque no me ayudarán. Generalmente la policía está formada en su mayoría por hombres, así que me sentiré incómoda. Tampoco puedo acudir a mi familia en busca de apoyo porque no saben lo que pasó", dice la joven resignada.

Actualmente se trabaja en el Proyecto de Ley de Eliminación de la Violencia Sexual o Proyecto de Ley RUU PKS que busca asegurarse de que las víctimas no sean criminalizadas.

La Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres de Indonesia señala que, de aprobarse, eliminaría la criminalización de las víctimas, al prohibir que las fuerzas del orden imponga a la víctima la responsabilidad de probar los hechos, haciendo que busque pruebas sobre su propio caso.

Además permitiría que las declaraciones de estas sean pruebas admisibles.

Pero de momento el proyecto de ley está estancado y los conservadores islámicos se han mostrado en contra por temor a que promueva las relaciones sexuales fuera del matrimonio y los "valores feministas liberales".