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Una investigación de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada reveló un presunto esquema de defraudación que habría permitido el desvío de más de 40 millones de dólares en impuestos pagados por contribuyentes, mediante la alteración de registros en la plataforma e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).