El ABC del caso Pandora; así operaba la red que realizó millonario fraude en la DGI

Ciudad de Panamá/Una investigación de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada reveló un presunto esquema de defraudación que habría permitido el desvío de más de $40 millones en impuestos pagados por contribuyentes, mediante la alteración de registros en la plataforma e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

”Lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos es inaceptable. Fue un esquema que durante años burló los controles y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia”, indicó Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas.

Las pesquisas iniciaron hace más de un año, luego de una denuncia anónima que alertó sobre un presunto enriquecimiento injustificado de una funcionaria de la DGI, cuyo nivel de gastos no guardaba relación con sus ingresos.

De acuerdo con la investigación, la red, integrada por funcionarios y particulares, modificaba en el sistema el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y los representantes legales de sociedades que ya habían pagado sus impuestos.

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Posteriormente, esos créditos fiscales eran transferidos a sociedades utilizadas por la organización, identificadas como "sociedades canasta", entre ellas Bonay International y Bonay Investment. En una etapa posterior, los créditos eran cedidos a una tercera empresa, Master Eco Green, que los comercializaba con una entidad bancaria, la cual aseguró haber actuado de buena fe.

Según la Fiscalía, el esquema permitió convertir en efectivo millones de dólares que pertenecían al Estado y distribuirlos entre los integrantes de la organización.

Durante una audiencia judicial celebrada el pasado viernes, el Ministerio Público expuso que parte del dinero habría sido utilizado para la adquisición de propiedades, vehículos de lujo y otros bienes, algunos registrados a nombre de terceros.

Entre los imputados figura Adolfo Cosme Quintero, a quien las autoridades vinculan con movimientos superiores a los $15 millones relacionados con esta presunta trama.

“Dentro de la investigación no se ha establecido cabecillas, se ha establecido que es un grupo estructurado, es decir, donde todos tienen distintos roles y todos trabajan para tener un beneficio económico”, destacó Emeldo Márquez, fiscal superior.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y la posible comisión de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y delitos contra la administración pública. Mientras tanto, el Gobierno anunció que realizará cambios al sistema e-Tax 2.0 para reforzar los controles y evitar nuevas vulneraciones.

”Vamos a reemplazar el sistema de e-Tax 2.0 que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta, donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso”, señaló Chapman.

Con información de Nicanor Alvarado