Fraude millonario a la DGI: Exponen en audiencia el presunto entramado entre funcionarios y particulares investigados

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público presentó este miércoles nuevos detalles dentro de la denominada Operación Pandora, una investigación que mantiene a 16 personas aprehendidas por su presunta vinculación con delitos de corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y crimen organizado.

Durante la audiencia programada para las 12:00 m.d., el Ministerio Público sustentó las solicitudes relacionadas con la imputación de cargos contra los involucrados, algunos señalados como presuntos autores y otros como cómplices primarios de las irregularidades investigadas.

De acuerdo con los elementos expuestos por la fiscalía, la investigación apunta a una estructura en la que particulares presuntamente entregaban dinero a funcionarios públicos, incluso a familiares de estos, con el objetivo de alterar información dentro del sistema E-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Según la tesis del Ministerio Público, estas modificaciones permitían manipular registros de contribuyentes y gestionar créditos fiscales de manera irregular, los cuales posteriormente podían ser cedidos a otras organizaciones y utilizados en operaciones dentro del sistema financiero nacional.

Uno de los principales elementos de la investigación corresponde a la entrevista realizada al exjefe de Cuentas Corrientes de la DGI, quien habría detallado la forma en que operaba el grupo, las relaciones entre funcionarios y particulares, entre ellos auditores contables y abogados, así como el supuesto intercambio de pagos para concretar las acciones ilícitas.

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La fiscalía también señaló que algunos funcionarios mantenían reuniones en un restaurante ubicado en el área de Santa María, donde presuntamente coordinaban aspectos relacionados con cesiones de créditos, cuentas afectadas y la distribución de pagos conforme avanzaban las modificaciones dentro del sistema.

Según los investigadores, cada integrante de la estructura tenía funciones específicas dentro de la organización. Además, como parte de las diligencias, se incautaron dispositivos celulares cuyos análisis habrían permitido identificar conversaciones entre funcionarios relacionadas con congelamiento de pagos y modificaciones en cuentas de contribuyentes.

Entre los cambios que presuntamente se realizaban se encuentran modificaciones de correos electrónicos asociados a perfiles tributarios, cambios de representantes legales y otros ajustes dentro de las cuentas de los contribuyentes, acciones que habrían facilitado la obtención y transferencia irregular de créditos fiscales.

El Ministerio Público indicó que las afectaciones económicas derivadas de estas acciones podrían superar los $40 millones, impactando tanto a contribuyentes como a la propia Dirección General de Ingresos (DGI).

La investigación se originó a partir de una denuncia anónima y los hechos bajo análisis corresponden al período comprendido entre 2024 y 2025. Durante la audiencia también participan dos querellantes dentro del proceso.

Para este viernes, la audiencia prosiguió con la imputación de cargos y se espera que mañana, sábado, continúen las medidas cautelares para los vinculados.

Con información de Meredith Serracín