Jelou Var
En vivo
DGI| Ministerio Público desmantela red que eliminaba millonarias deudas tributarias del sistema E-Tax
La investigación está a cargo de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada. El monto de las cuentas afectadas supera los 40 millones de dólares.
Panamá/El Ministerio Público desmanteló este miércoles, bajo la operación Pandora una presunta organización integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), señalada de manipular el sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales y comercializarlos posteriormente a una entidad crediticia.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, que desarrolla 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, como parte de las pesquisas.
De acuerdo con la información oficial, la organización presuntamente eliminaba cuentas millonarias del sistema E-Tax de contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco, con el propósito de que esos montos quedaran registrados como pagos no aplicados. El monto de las cuentas afectadas supera los 40 millones de dólares.
Puede leer: Capturan en Chiriquí a presunta integrante de la pandilla Favela-FVL
Según el Ministerio Público, el siguiente paso del esquema consistía en vender esos créditos por su valor real a una entidad crediticia establecida en el territorio nacional, lo que habría permitido obtener beneficios económicos de manera fraudulenta.
Durante los allanamientos, las autoridades informaron que han recuperado equipos tecnológicos y documentos relacionados con la investigación, los cuales serán sometidos a análisis como parte del proceso.
También lea: Aprehenden a una persona por presunto fraude de más de $500 mil contra la DGI
La Fiscalía también confirmó que la investigación alcanza a aproximadamente 19 personas, para quienes existen órdenes de captura por su presunta vinculación con esta estructura delictiva.
Las diligencias continúan con el objetivo de ubicar a los investigados, recabar nuevas evidencias y establecer el alcance de la presunta afectación ocasionada a las finanzas públicas.
