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La Procuraduría General de la Nación defendió este martes el avance de la investigación relacionada con Panama Ports Company (PPC) y aseguró que el expediente acumula más de 360 tomos, mientras permanece pendiente una ampliación de auditoría solicitada como elemento adicional para las pesquisas.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría de la Nación, la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene abiertas diversas diligencias dentro del proceso relacionado con la empresa que operó en concesión los puertos de Balboa y Cristóbal.
La Procuraduría explicó que la investigación incluye actos de investigación, análisis técnicos y asistencias internacionales, además de la solicitud de una ampliación de auditoría que todavía no ha sido recibida.
Según la institución, ese documento constituye un insumo necesario para continuar con la investigación, por lo que defendió la necesidad de completar las diligencias antes de adoptar decisiones dentro del proceso.
En su comunicado, la Procuraduría recalcó que su función dentro del proceso penal es investigar, recopilar elementos de convicción y presentar solicitudes ante los tribunales competentes.
La institución aclaró además que, la imposición de medidas cautelares, detenciones provisionales o arrestos domiciliarios corresponde al Órgano Judicial, a través de los jueces de garantías y de juicio.
También señala que los operativos de aprehensión se realizan conforme a la ley y con apoyo de la Policía Nacional, mientras que la legalidad de estas actuaciones es revisada por los jueces de garantías.
"La Procuraduría General de la Nación recuerda que la estructura institucional panameña se fundamenta en el principio de separación de funciones, la rapidez no puede sustituir el rigor, la objetividad, la transparencia y el cumplimiento de las reglas y etapas procesales del sistema penal."
El pronunciamiento se da luego de las declaraciones del contralor Anel Flores en Noticias AM de TVN Media, en las que cuestionó el avance de las investigaciones a pesar de que la auditoría fue entregada hace un año.
"El Ministerio Público tiene sus tiempos y yo tengo los míos. Ellos mandan miles de solicitudes de auditorías, pero también tengo que ser muy cuidadoso con el tema porque no tengo personal suficiente. Lo que estoy haciendo es muy preciso, auditando lesiones importantes", expresó Flores.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó el contrato de concesión de PPC, así como su extensión. En febrero de 2026, el Ministerio Público allanó tres oficinas vinculadas a PPC en Albrook y retuvo documentación para incorporarla al proceso investigativo.