Contenido exclusivo: 'Niñez en la mira'

Tienen entre 10 y 17 años, deberían estar en las aulas de clases, haciendo deporte o soñando con su futuro, pero la realidad es otra. En Panamá, cada vez más menores de edad están involucrados en delitos graves. Imágenes de jóvenes con arma en mano a plena luz del día, sin importar quiénes están a su alrededor, que protagonizaron una balacera en la provincia de Colón, corrieron como pólvora a través de las redes sociales.

Actualmente, el Centro de Custodio y Cumplimiento de Menores tiene una población a nivel nacional de 1,400 internos. De estos, 150 son menores de edad, y el resto corresponde a adultos que cometieron delitos como homicidio, robo agravado, violación, posesión de drogas y pandillerismo, antes de cumplir la mayoría de edad.

De acuerdo con Ysatis Forte, directora del Instituto Interdisciplinarios, “desde el 2024 al 2025 hubo un aumento progresivo de 100 jóvenes de la tasa regular de lo que recibe el instituto, que entraron al sistema”. La entidad realizó un estudio donde se detectó que el 80 % de estos jóvenes presenta algún trastorno del desarrollo intelectual, señaló la funcionaria.

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En otro caso reciente, en la 24 de Diciembre, el dueño de una fonda fue asesinado en medio de un robo a su local. Entre los delincuentes, había menores de edad.

Solo en el corregimiento de Santa Ana existen varios grupos delictivos que captan a estos jóvenes.

“Santa Ana tiene cuatro grupos delictivos. Hoy en día hay carros impactados de bala y hombres y mujeres que han sido asesinados por una bala perdida”, reveló Eric Batista, director del Movimiento Antipandillas.

Por su parte, Forte indicó que se han encontrado con “jóvenes que están bajo riesgo social, que lastimosamente no han tenido una mamá o papá presente”, una realidad que dificulta su resocialización y convierte su atención en un reto.

Las estadísticas muestran una creciente participación de jóvenes en delitos violentos, principalmente menores de edad, vinculada directamente con la falta de oportunidades. “Hay una ausencia significativa de programas que les permita ingresar a dinámicas sociales productivas”, señaló José Clemente Lasso, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá.

Las causas profundas

Para comprender la magnitud del problema, conversamos con la exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, quien en 1999 firmó la Ley 40, que regula el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia.

“Estos chicos menores de edad son producto de nuestra sociedad. No vinieron en una nave espacial de Marte; es lo que nuestra sociedad está produciendo. La intervención debe ser multisectorial, centrada en la prevención y en el cumplimiento de las normas vigentes”, afirmó Calderón.

Actualmente, el diputado José Pérez Barboni impulsa un anteproyecto de ley para reformar la Ley 40.

“La idea es que ya no haya firma periódica, casa por cárcel ni país por cárcel para los cuatro delitos que hemos identificado, y que el grupo etario de 12 a 17 años quede comprendido en uno solo”, explicó el diputado.

Entre los principales puntos de la iniciativa se incluyen:

• Edad penal: reducir a 12 años la imputabilidad, eliminar medidas solo reeducativas entre 12 y 14 años y endurecer sanciones por delitos graves.
• Penas y detención: permitir detención provisional inmediata y aplicar penas más severas sin atenuantes para hechos atroces.
• Adultos reclutadores: crear mecanismos para perseguir a quienes inducen a menores a delinquir y fomentar su identificación mediante colaboración con la justicia.

El debate

La propuesta ha generado fuerte debate. Para algunos expertos, endurecer las leyes no es la solución.

“Lejos de resolver el problema, va a agravar la situación. Históricamente, se ha demostrado el fracaso de estas medidas. La solución es ir a la raíz del problema”, aseguró Lasso.

Calderón coincide en que “no es una ley de protección, sino una ley que regula el código de imputabilidad” y advirtió que estigmatizar a menores desde edades tempranas puede profundizar el problema. “Hagamos cumplir la norma y fortalezcamos los procesos de resocialización”, enfatizó.

Especialistas coinciden en que castigar sin intervenir en las causas sociales y emocionales no reduce la delincuencia juvenil. Entre los principales factores de riesgo se encuentran:

• Entorno familiar disfuncional
• Influencia de pares y pandillas
• Desventajas socioeconómicas y exclusión social
• Deserción escolar o bajo rendimiento académico
• Problemas psicológicos y emocionales
• Uso instrumental por adultos que se aprovechan de la inimputabilidad

En diciembre de 2025, un menor de 16 años asesinó a un policía en pleno ejercicio de sus funciones, un hecho que volvió a encender las alarmas.

“Se disputan territorios, poder y dinero del narcotráfico. Es un problema caótico”, sostuvo Batista.

Pérez Barboni fue enfático: “Los derechos de cualquier persona, sin importar su edad, terminan cuando atenta contra los derechos de otros”. Para el diputado, “si un menor puede empuñar un arma, disparar y matar, debe enfrentar consecuencias”.

Los menores de edad no solo están en la mira de las pandillas que los reclutan, sino también de propuestas legales que buscan castigarlos con mayor severidad. Quizás la pregunta no sea cuántos años deben pagar por sus crímenes, sino cuántos años ha fallado el sistema en protegerlos con políticas de prevención efectivas.

La mira está puesta. Ahora toca decidir hacia dónde apunta la sociedad.