Los expertos en inadaptados sociales que están preocupados por la delincuencia en Panamá

Ariel López es un especialista en inadaptados sociales e infractores. Se ha desempeñado en esta profesión cerca de 10 años desde que obtuvo su título en la Universidad de las Américas (Udelas), aunque su experiencia es de 20 años tratando con personas habitantes de la calle, trabajadoras sexuales y drogodependientes.

Pocas son las personas que saben que en el sistema educativo existe una carrera universitaria llamada Licenciatura en Inadaptados Sociales e Infractores, que hasta hoy solo es dictada en Udelas, y fue creada en 1999 por acuerdo académico, con el fin de crear profesionales capaces de prevenir e identificar las causas de las conductas sociales patológicas de los inadaptados sociales e infractores.

De tal modo que hasta ahora se discute una ley en la Asamblea Nacional para darle reconocimiento a estos profesionales que en algunos casos trabajan en programas de resocialización en centros penitenciarios, en albergues o como el señor López que tienen su propia fundación en la que ayuda desde jóvenes hasta adultos mayores que están desamparados, como es la labor del Centro Juan Pablo II.

El Proyecto de Ley 416, presentado por la diputada Ana Giselle Rosas, busca implementar el ejercicio de la profesión de Técnico y Licenciado en Inadaptados Sociales e Infractores, considerando que estos profesionales son de gran importancia en tiempos en los que fenómenos sociales relacionados con la disfuncionalidad familiar, la violencia doméstica y el pandillerismo afectan a la juventud y a los adultos mayores por lo que es indispensable brindar atención oportuna.

Este proyecto resalta que son estos profesionales los que tienen la responsabilidad de dirigir o facilitar el proceso de tratamiento, por lo cual es imprescindible poseer las competencias requeridas y la experiencia necesaria.

¿Qué hace un profesional en inadaptados sociales e infractores?

Ariel López, quien es fundador del Centro Juan Pablo Segundo, nos contó que esta carrera tiene la finalidad de dar respuesta a los factores sociales que cada día van creciendo en el país, especialmente en centros penitenciarios, pero también se realizan intervenciones a personas o jóvenes que están en conflicto con la ley penal.

Señaló que como profesionales están comprometidos con la atención a todas las personas que requieran ayuda y asistencia inmediata que hayan tenido algún problema y a personas que no cumplen con las normas sociales.

“Mi trabajo no ha sido atender a un pandillero desde una oficina, mi trabajo ha sido atender a un pandillero desde su propia área, en su propia barraca, la intervención de nosotros es más directa y estamos capacitados para ese tipo de intervención”, manifestó López.

Aunque esta profesión tiene 20 años en el país, carecen del reconocimiento necesario para que continúen creciendo profesionalmente y cumpliendo a cabalidad con sus funciones de atender a toda persona que se encuentre en vulnerabilidad, por lo que a través del proyecto de Ley 416, buscan ser reconocidos, contar con una idoneidad y tener un respaldo legal.

Para López, existe un crecimiento preocupante de factores sociales como el aumento de pandillas, temiendo que dentro de algunos años Panamá quede como otros países donde las personas tienen que pagar un tipo de impuesto para ingresar a sus casas, aunque reconoce que este fenómeno ya se da en algunos barrios de la capital, pero son escasos los casos.

“Yo, en San Miguel y algunas barracas tengo que pedir permiso para poder ingresar, de dónde vengo y quién soy; pero me dan permiso de entrar por la labor que hago. Pero dentro de un par de años será más difícil, podríamos llegar a un nivel como El Salvador y Guatemala donde se tienen que pagar impuestos en algunas comunidades”, sostuvo.

Especialistas en inadaptados sociales e infractores y la resocialización de privados de libertad

Así como los docentes están encargados de formar a estudiantes, los especialistas en inadaptados sociales e infractores están encargados de reformar a todo aquel que sea un ‘inadaptado social’ y gran parte de esta población se encuentra en los centros carcelarios del país que tienen el principal objetivo de resocializarlos y reinsertarlos en la sociedad.

El proyecto de Ley 416, busca que los profesionales en Inadaptados Sociales e Infractores formen parte del proceso de rehabilitación de los privados de libertad, (adolescentes y adultos) y su criterio especializado, como parte del equipo interdisciplinario, será necesario para el otorgamiento o cambios de medidas penales.

Según declaraciones de la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, en Mesa de Periodistas, Panamá tiene una de las mayores poblaciones penitenciaria por 100 mil habitantes a nivel mundial y el 60 % es reincidente.

Para López esto se debe a que existen debilidades en el Sistema Penitenciario que van desde el nombramiento de quienes están al frente del mismo, pasando por la falta de clasificación, y terminando con la falta de personas especializadas en programas de resocialización como la falta de dinero para realizarlos.

Los centros de Panamá no son exclusivamente de resocialización, los programas son pobres y no hay gran inversión. Porque no pensar en centros penitenciarios con más talleres o gimnasios. Todas las direcciones que han tenido para mí son un fracaso porque no han puesto personas especializadas”, aseveró.

Continuó diciendo que en estos centros existe un aprendizaje de ligas menores a ligas mayores porque es poca la resocialización y no son clasificados. “Tenemos personas desayunando, almorzando, cenando y con tiempo de ocio para hacer los crímenes que ocurren afuera, porque hay asesinatos que ocurren afuera que vienen con órdenes de adentro de las cárceles, allí vemos el fracaso”.

Recordó que hay personas que salen un día e ingresan al otro porque consideran que están mejor adentro que afuera. Además, la falta de oportunidades y de preparación emocional y de resiliencia son parte de las causas por la que algunas persona reinciden en delitos.

“Conocí una privada de libertad que dijo: mañana me dan mi libertad, voy a hacer algo para regresar. Al día siguiente lo hizo y le pusieron otra pena. Ella dijo que para qué iba a estar afuera si su familia no la quiere y la comunidad no la quiere, pero allá dentro tenía comida, donde dormir todos los días y a su pareja”, rememoró López.

Ariel López en el Centro Juan Pablo II atiende a habitantes de la calle, trabajadoras sexuales y drogodependientes, también atiende a los jóvenes del Centro de Cumplimiento de Pacora y tenía un programa en el Centro de Rehabilitación Femenina que está pausado por la crisis sanitaria. Además, con la pandemia ha creado un albergue donde recibe a personas que han sido sacadas de los cuartos de alquiler y han quedado sin techo.

El proyecto de Ley 416 fue aprobado en primer debate en septiembre del 2020 y está a la espera de que se continúe su discusión en su segundo debate, en un momento en que la población reclama que haya más herramientas legales para que las poblaciones vulnerables sean atendidas por profesionales idóneos y los inadaptados sociales e infractores no deben pasar por alto para que en su momento se pueda lograr la reformación de la sociedad.