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Las leyes que han marcado la gestión del presidente Mulino
El presidente José Raúl Mulino y su administración no llegaron con buen pie a la Asamblea Nacional.
Panamá/Si bien la aprobación de leyes son un pilar fundamental en todo gobierno, el presidente José Raúl Mulino y su equipo no llegaron con buen pie a la Asamblea Nacional. Las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo marcaron los primeros meses de esta administración. A pesar de ello, a la fecha, Mulino ha presentado unas 39 leyes, todas ya sancionadas. De ese conjunto, cinco destacan por su impacto político, social y económico, convirtiéndose en el eje de su gestión hasta ahora.
Su primera ley fue blanco de críticas y debate: se trató del Presupuesto General del Estado para 2025. Este documento fue retirado del Legislativo y luego aprobado con múltiples cambios en los presupuestos asignados a diferentes entidades.
Mulino, quien desde su llegada al Palacio de Las Garzas advirtió que los números estaban en “rojo” y promovió una “política de austeridad”, presentó —a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por Felipe Chapman— un primer presupuesto por $26,084 millones.
Más tarde, esta cifra fue modificada tras un informe de la Comisión de Presupuesto que señalaba que el documento incumplía normas y carecía de información clave. Esto obligó al MEF a retirarlo y presentar una nueva versión por $26,835.2 millones. Sin embargo, lo finalmente aprobado por la Asamblea distó mucho de lo propuesto por el Ejecutivo: hoy el país opera bajo un presupuesto de $30,111,987,375.
En su segunda apuesta legislativa, el mandatario abordó un tema que, desde el inicio de su gobierno, calificó como una “tarea difícil y valiente”: la crisis de la Caja de Seguro Social.
Las soluciones cosméticas no funcionan más. Llegó el momento de hacer una reforma de fondo para salvaguardar la Seguridad Social de los panameños de una vez por todas”, dijo el 1 de julio, tras colocarse la banda presidencial.
El 6 de noviembre, el ministro de Salud, Fernando Boyd, presentó ante la Asamblea la reforma a la Caja. Para su aprobación, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias en diciembre de 2024, pero el debate se extendió, y no fue sino hasta el 14 de marzo que se aprobó en tercer debate, en medio de protestas de docentes, sindicatos y otros grupos que cerraron por más de dos meses varias vías del país, siendo Bocas del Toro la provincia más afectadas.
Esto llevó al Ejecutivo y a la Asamblea a pactar un acuerdo que culminó con la aprobación de modificaciones a la Ley 45 de 2017, que reconoce derechos y prestaciones especiales para los trabajadores de la industria bananera. No obstante, los educadores se mantienen en paro de labores.
En medio del conflicto por la Ley 462 —que reformó la Caja del Seguro Social—, el Ejecutivo dirigió su atención a otros dos temas sociales: atender las quejas constantes de alcaldes, representantes y ciudadanos, y avanzar con su decisión de reducir el tope hipotecario para viviendas con interés preferencial.
Para Mulino, la Ley de Justicia de Paz no estaba funcionando. Incluso, el presidente la calificó de “nefasta”. En ese sentido, impulsó cambios a esta normativa, nacida del empuje ciudadano en 2016.
A través del Ministerio de Gobierno, encabezado por la ministra Dinoska Montalvo, se promovió que la jurisdicción de los jueces de paz dejara de estar bajo el control de las alcaldías, las cuales alegaban no tener presupuesto para su funcionamiento. Con el aval de los gobiernos locales y de los diputados, la propuesta fue aprobada sin mayores contratiempos en abril pasado.
Logramos una muy buena ley, donde los jueces de paz ahora tendrán un jefe, que es el Ministerio de Gobierno, y todos deberán ser abogados”, destacó el mandatario el 24 de abril en una de sus conferencias de prensa, al anunciar la sanción de la norma.
Ese mismo día, Mulino también anunció la sanción de los cambios a la Ley de Interés Preferencial, avalada por la Asamblea el 22 de abril. Más tarde, en medio de quejas por parte de inmobiliarias y ciudadanos, la ley fue devuelta a la Asamblea para ser modificada. Se decidió que la propuesta de bajar el interés preferencial de $180 mil a $120 mil se pause hasta enero de 2026, mientras tanto regirá la Ley de 1985.
Mientras tanto, el 11 de junio ingresó a la Asamblea el proyecto de ley que modificó nuevamente la Ley 45 de 2017, esta vez impulsado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz.
La iniciativa fue el resultado de un acuerdo entre sindicalistas bananeros y el Ejecutivo, en el que los primeros se comprometían a reabrir las vías en Bocas del Toro a cambio de las reformas. No obstante, pese al pacto, los cierres continuaron. Esta propuesta, hoy Ley 471 fue sancionada el 16 de junio por Mulino.
